La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, apuntó que la previsión de crecimiento de diferentes organismos nacionales e internacionales es que la economía española se situará en 2023 por encima de la media de los países de la OCDE, del G20 y de la UE.
Así lo remarcó en la sesión de control del Congreso donde insistió en la “fortaleza” de la economía española, incluso en un contexto internacional “complejo” y de gran incertidumbre.
Pese a ello, la ministra prevé encarar el comienzo de 2023 “con relativa fortaleza”. Esto después de un cuarto trimestre en el que se observó un “gran dinamismo” en el consumo y la inversión, al tiempo que el mercado de trabajo ha seguido creando empleo. A esto se añade la moderación en la subida de los precios, después de que el IPC haya bajado cuatro puntos en los últimos cuatro puntos.
Todo ello a raíz de las críticas de “estancamiento” de la economía vertida por el diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, quien advirtió que los niveles de PIB de 2019 no se alcanzarán ni en 2022 ni en 2023. “Vamos a salir de esta legislatura más pobres”, recriminó el diputado.
Sin embargo, la vicepresidenta recordó que una posible ralentización del crecimiento económico “no es un estancamiento”. Además, ha recordado que el PIB español creció un 5,5% el año pasado, mientras que la previsión del Gobierno “muy prudente “para 2022 es de un incremento del 4,4%, después de haber demostrado “fortaleza” en el rendimiento hasta noviembre.
Durante sus intervenciones, Calviño también puso de relieve, entre otros puntos, la revisión al alza de la previsión de crecimiento realizada recientemente por organismos como la OCDE y el FMI, que sitúan el crecimiento del PIB en un rango de entre el 4,6% y el 4,7%.
También puso de relieve haber aprobado los Presupuestos en tiempo y forma para dar certidumbre en un momento “especialmente complicado”. Unas cuentas, destacó Calviño, aprobadas y avaladas por la CE y el FMI. Por último, garantizó que el Gobierno apuesta por actuar con “prudencia y responsabilidad” para mejorar la situación social del país y gobernar para la mayoría.
Por otro lado, la ministra cargó contra la política económica de “conductor ‘kamikaze’” del Partido Popular, similar a la del Gobierno de la exprimera ministra británica, Liz Truss, consistente en bajadas “masivas” de impuestos.
La reprimenda de la ministra fue vertida tras las críticas del diputado popular Carlos Rojas sobre los altos niveles de deuda, una cesta de la compra “por las nubes” y una elevada tasa de paro, además de otros aspectos del Gobierno que escapan de la materia económica.
Calviño, sin embargo, achacó al principal grupo de oposición que hablan “de cualquier cosa menos de economía”, algo que a su juicio es razonable porque las noticias económicas del país “son positivas” y confirman “la buena marcha de la economía española, más si cabe en un contexto “tan complejo”.
En este sentido, la vicepresidenta puso en valor las cifras positivas del mercado de trabajo, que mantiene su “dinamismo incluso en un mes complicado como noviembre”. Al respecto de los niveles de deuda, la ministra recordó que el Gobierno logró alcanzar los objetivos de ratio de déficit y deuda pública sobre el PIB, a lo que añadió que el Ejecutivo va a reducir la emisión de deuda pública en 5.000 millones de euros.
“Ustedes no quieren ver los hechos, porque se tendrían que quitar las orejeras con las que se despiertan todos los días”, recriminó la ministra, que pidió al grupo popular que deje de “proferir barbaridades e insultos”.
“¿Cómo piensa el Gobierno repartir equitativamente entre los españoles los sacrificios derivados de esta crisis?”, ha preguntado Edmundo Bal, de Cs.
“Pues mire, señor Bal, entre otros instrumentos, con esos impuestos contra los que ustedes han votado”, contó taxativa la ministra Calviño, en referencia a los gravámenes temporales sobre energéticas, banca y grandes fortunas.
La ministra, en su respuesta, recordó que durante la legislatura “nunca ha negado las dificultades y complejidades”, pero ha apuntado que “tampoco hay que negar los activos y elementos positivos que tiene España para encarar el futuro”.
De este modo, recordó que el Ejecutivo movilizó desde el inicio de la guerra en Ucrania recursos públicos por valor de 35.000 millones de euros para redistribuir el impacto, entre otros asuntos para bajar impuestos indirectos y otros tributos que afecten de manera especial a los niveles de renta más bajas y las pymes.