El Congreso aprobó definitivamente ayer el proyecto de ley de consumidores vulnerables al ratificar las enmiendas introducidas a su paso por el Senado, entre las que se incluye la protección a las personas mayores frente a la exclusión financiera y se mejora la accesibilidad a través de la obligatoriedad del etiquetado en alfabeto braille.

En concreto, la enmienda transaccional introducida en el Senado que da un plazo de tres meses al Gobierno, desde la entrada en vigor de la norma, para que legisle contra la exclusión financiera a las personas mayores, fue aprobada con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, excepto Ciudadanos que se abstuvo.

El texto de la enmienda, que fue transaccionado en la Cámara Alta por todos los grupos sin Ciudadanos ni Vox, establece que “el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses siguientes a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por “brecha digital””.

Éxito social

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, valoraba ayer como un “éxito para toda la sociedad” esta ley que volvía ayer al Congreso de los Diputados tras su paso por la Cámara Alta.

“Amplía los derechos de la sociedad, y esto también ha sido gracias a parte de la sociedad civil que ha empujado para luchar contra la exclusión financiera, y contra la discriminación de las personas con discapacidad, especialmente al Cermi, cuyas demandas desde hace décadas van iluminando espacios oscuros en nuestra legislación. Es un éxito para toda la sociedad”, subrayó Garzón ayer durante el debate de las enmiendas en la Cámara Baja.

Durante el debate de las enmiendas, todos los grupos mostraron su apoyo al proyecto, excepto Vox, Ciudadanos y PP que pusieron pegas porque consideran que se aprovecha el texto para “legalizar la okupación de viviendas”.

La diputada popular Carmen Riolobos anunció su apoyo a las enmiendas que luchan contra la exclusión financiera de los mayores, pero lamentó que, desde el punto de vista formal, la ley es “una aberración” porque “blinda y legaliza la okupación”.

Medida aplaudida

Mientras tanto, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) mostraron su satisfacción por las medidas aprobadas por el Gobierno para garantizar que la banca ofrezca una atención personalizada a los usuarios más vulnerables.

La Plataforma, que reúne a más de 15.000 asociaciones y 5,7 millones de afiliados, explica que es un importante paso adelante para lograr que los servicios de banca física se consideren esenciales y universales, hasta su transición a la banca digital.