La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el archivo provisional de la causa que investiga la ampliación de capital realizada por Banco Popular en 2012 al considerar que la información proporcionada por la entidad ya abordaba su "complicada situación" y que la operación llegó a beneficiar a quienes acudieron a ella.
En su escrito, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y al que ha tenido este martes acceso EFE, la fiscal del caso, Belén Dorremochea, se remite al informe de los peritos del Banco de España, y enmarca la ampliación de capital en un contexto "de grave crisis económica mundial" que obligó a España a implementar "estrictas medidas en el sector bancario".

En el caso del Banco Popular, explica, se calculó que tenían que obtener 3.223 millones de euros de recursos propios adicionales, por lo que la entidad decidió cumplir con los requerimientos "a través de sus propios medios sin recurrir a las ayudas públicas".

Fue entonces cuando optó por una ampliación de capital que "se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes", hasta el punto de que la decisión se adoptó en una Junta General Extraordinaria, y se celebraron "varias reuniones de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración".

En ellas se barajaron las distintas opciones para el aumento de las provisiones, así como las ventajas e inconvenientes, continúa el documento, que destaca que la entidad presentó la información "legalmente exigida" sobre su situación "para que los potenciales compradores tuvieran una imagen fiel de la misma".
Al respecto, incide en que las cuentas de 2012 que formaban parte de la documentación suministrada reconocían pérdidas de 2.300 millones de euros y unas reclasificaciones a dudoso de 9.436 millones brutos (5.701 millones netos de recuperaciones).

En este punto, Anticorrupción cita el peritaje de los expertos del Banco de España aportado a la causa, que recordaron que se trataba de una cifra "sustancialmente superior" a la de los años precedentes, lo que llevó al Banco Popular a elevar su tasa de mora del 5,99 % al 8,98%.

Pese al informe, continuaban los peritos, la entidad "no reclasificó a dudoso todos los importes pendientes identificados por la inspección, sino la mitad, reclasificando la otra mitad en 2013, en concreto 3.920 millones de euros".

Con todo, el Ministerio Público entiende que esta omisión no es lo "suficientemente relevante" para empeorar la imagen del banco, y añade que no se puede acreditar que el no incluir esas reclasificaciones en 2012 "se hizo con intención de engañar a los posibles compradores".

Máxime, prosigue, teniendo en cuenta que en la información proporcionada ya se abordaba la "complicada situación de la entidad, sus pérdidas y las importantes reclasificaciones efectuadas", y que existía un informe de una auditora independiente, Deloitte, donde se indicaba que las provisiones a dotar en 2012 eran inferiores a las que señalaba la inspección del Banco de España.

En último lugar, Anticorrupción entiende que la operación finalmente resultó "beneficiosa" para los que participaron, ya que se produjeron "desde muy pronto" revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima del mercado.

Por ello, cree, una vez analizada la causa "con especial atención al informe emitido por los inspectores del Banco de España", que los hechos denunciados no cumplen con los requisitos que el Código Penal establece para los presuntos delitos de falseamiento de la información financiera en folletos de emisión por parte de los administradores de una sociedad.

Ron ya declaró por estos hechos

Hace un año, el expresidente del Banco Popular Ángel Ron declaró por estas acusaciones en la Audiencia Nacional, donde defendió que los organismos supervisores y reguladores (el Banco de España y el BCE) avalaron la ampliación, que cumplió con todos los requerimientos.

En paralelo a la causa que investiga el juez Pedraz, el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha venido investigando desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.