La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que en 20 años se alcanzará el objetivo de conseguir el 20% de vivienda pública en España. La ministra admitió que España parte de un 3% de vivienda pública, una situación “dramática” que hace que el objetivo sea “ambicioso”. Sánchez responsabilizó de ese punto de partida a las políticas de liberalización de suelo del Partido Popular, así como a la venta de vivienda pública a los fondos buitre. 

“Evidentemente, a partir de aquí nosotros nos hemos fijado un objetivo, la ley de vivienda ya lo regula de esa manera, es decir, alcanzar en un plazo aproximado de 20 años ese objetivo. El 20% que es de respuesta, es un objetivo ambicioso, está claro”, añadió. Sánchez especificó que la Ley de Vivienda prohíbe que la vivienda pública pueda ser vendida y se garantiza así una calificación permanente de esa vivienda protegida. Para construir ese parque público de vivienda, el Gobierno se marcó un objetivo inicial de 20.000 viviendas de alquiler asequible, que más tarde ascendieron a 100.000, a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

Parque público

La ministra aseguró que ya están en alquiler asequible unas 14.000 y otras 21.000 están en diferente grado de desarrollo, y se pondrán a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos. En referencia a la futura Ley de Vivienda, la ministra también explicó que se quieren evitar operaciones de especulación inmobiliaria, que provoquen que los precios de los alquileres no están sujetos a ningún tipo de control o de control. No obstante, enfatizó que la ley “favorece a todo el mundo” y no va contra nadie, por lo que evitó pronunciarse contra los ‘fondos buitre’ y les pidió que garanticen “buenas condiciones”. 

Además, instó al sector privado que se anime a construir vivienda pública. Respecto a los grandes tenedores, Sánchez señaló que se hicieron acuerdos con las entidades financieras para constituir un fondo social, por lo que necesitamos del sector privado.

Topar el alquiler

Sánchez reconoció que en la negociación hubo diferentes propuestas sobre los alquileres, y aseguró que se ha optado por “la mejor”. De esta forma, el tope para 2024 será del 3%, y a partir de 2025 se aplicará un índice basado en el IPC, que responderá “a las variaciones del mercado inmobiliario”. “Ha sido una ley que se ha trabajado desde el rigor y el análisis del impacto que puede tener”, dijo Sánchez, y recalcó la “voluntad inequívoca de sacar adelante la primera ley de vivienda de la democracia en nuestro país”.