El Ministerio de Justicia trabaja en un una ley de eficiencia procesal que, entre otras cuestiones, aborda las costas y las cuantías que abogados especializados en reclamaciones a entidades financieras aplican a sus clientes, tal y como ya hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La crisis financiera de 2008, las ayudas públicas inyectadas a diversas entidades y el proceso de reestructuración del sector, que supuso la desaparición de muchas de ellas, llevó a una oleada de reclamaciones de particulares por comercialización de preferentes y otros productos financieros complejos.

Tras esa primera oleada llegaron las reclamaciones de consumidores por cláusulas suelo, IRPH, multidivisa y otras condiciones impuestas a los créditos hipotecarios, herencia de la burbuja inmobiliaria.

Al calor de ese frenesí reivindicativo, proliferaron los despachos de abogados especializados en reclamaciones a entidades financieras, y para mitigar en parte el consiguiente atasco en los órganos judiciales el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso en marcha en 2017 una serie de juzgados especializados en cláusulas abusivas.

Estos órganos han resuelto, en los cinco años que llevan en marcha, más de medio millón de asuntos de los más de 700.000 ingresados, pero la iniciativa no ha conseguido reducir la litigiosidad en beneficio de los acuerdos extrajudiciales.

Asociaciones de consumidores y bufetes achacan este incremento a la actitud de los bancos, que a su vez acusan a estos letrados de oportunismo y de inflar sus minutas.

El Tribunal de Justicia de la UE avaló el pasado jueves la norma española que permite fijar un límite máximo a los honorarios de abogado que puede recuperar en costas un consumidor si los tribunales le dan la razón.

Sin embargo, este tope máximo a la hora de tasar las costas causadas por el recurso judicial debe permitir al consumidor obtener el reembolso de un importe “razonable y proporcionado”.

También es conforme al Derecho europeo la normativa española que estipula que la cuantía del proceso, que se usa para calcular las costas que puede recuperar el consumidor, debe determinarse en la demanda o fijarse conforme a la normativa vigente.