El pleno del Congreso debatirá y votará el próximo jueves la ley de vivienda, lo que supone el último trámite de la norma en la Cámara Baja antes de pasar al Senado con el objetivo de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Tras llevar el proyecto de ley más de un año bloqueado en el Congreso, el Gobierno decidió apretar el acelerador en la última semana en vísperas de las elecciones, algo que provocó el enfado de algunas formaciones como Vox o Ciudadanos, que acusan a PSOE y Unidas Podemos de aplicar el ‘rodillo parlamentario’.

Así, la última semana el texto se aprobó en Ponencia a puerta cerrada el martes y en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el jueves, esta última reunión ya en sesión pública. La intención del Gobierno es que en la Cámara Alta se aceleren los trabajos con idea de que se apruebe en el primer pleno de mayo para que la nueva ley esté en vigor antes incluso de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Cabe indicar que la ley pasó el filtro de la comisión con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Bildu y el voto en contra de PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Coalición Canaria. Para contar con el apoyo de las formaciones independentistas, el Gobierno cerró varios acuerdos en materia de tope a la subida de alquileres, desahucios a personas en una situación económica vulnerable y la ampliación de zonas tensionadas. 

El proyecto cuenta también con el aval de Más País y Compromís, de modo que la votación final estimada ya contaría con una mayoría absoluta de 175 ‘síes’. Falta por saber que hará finalmente el PNV, que tras ser muy crítico con la norma por, supuestamente, invadir competencias que le pertenecen a las comunidades autónomas, decidió abstenerse en comisión con el objetivo de negociar nuevas enmiendas relacionadas con la regulación de los pisos turísticos. 

Precisamente, de la invasión del Estado en las competencias de las comunidades autónomas vienen las críticas de formaciones como el PDeCAT, Junts o Coalición Canaria. “Para nosotros, esto claramente es una ley genera invasión competencial”, advirtió en comisión el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel.