El Tribunal Constitucional (TC) prevé tratar el martes el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, contra el impuesto a las grandes fortunas, después de que inicialmente tuviera intención de verlo y tomar una decisión este mismo lunes.

“Mañana empiezan con el impuesto a las grandes fortunas”, han confirmado señalan a EFE fuentes del TC, que añaden que han preferido finiquitar otras cuestiones para centrarse únicamente en este asunto el martes.

El proceso judicial comenzó en febrero con la presentación de un recurso por parte del Gobierno autonómico madrileño, que considera un “atentado” contra la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso sostiene que este impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas provocará unas pérdidas a las arcas públicas de la región de entre 1.200 y 1.600 millones al año, ya que frenará las inversiones extranjeras en la región.

Además, remarca que son los gobiernos autonómicos los que tienen las competencias en política fiscal y que este impuesto genera “inseguridad jurídica”, a raíz de los efectos retroactivos para todo 2022 pese a su entrada en vigor en diciembre, lo que conlleva “una carga fiscal” para los contribuyentes que no contaban con ello.

El impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, aprobado para 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos de más de 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.

Este año ha recaudado 623 millones de euros este 2023, afectando a 12.010 grandes patrimonios, que han abonado una cuota media de 52.000 euros, según datos del Ministerio de Hacienda.

La mayoría de los declarantes corresponden a Madrid -10.302 contribuyentes que han aportado 555 millones de euros-, seguida por Andalucía -865 contribuyentes que han abonado 29,7 millones- y Galicia -con 91 contribuyentes que han pagado 9,8 millones-.

Andalucía, Galicia y Murcia -todas gobernadas por el PP- se sumaron a Madrid y recurrieron la tasa, al igual que hizo también la Asamblea de Madrid, que presentó ante el TC su propio recurso