La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, insistió hoy en Valladolid en “congelar las cuotas hipotecarias antes de la subida excesiva del euribor en este país”, para evitar “riesgos mayores” y garantizar “una vida digna”.
 

Díaz hizo estas declaraciones en el acto de escucha que la plataforma Sumar celebró en el Auditorio Fundos Fórum de Valladolid, al que asistieron varios centenares de personas y otros muchos se quedaron de pie o fuera por la falta de espacio.
 

La líder de Sumar sostuvo que una de las mayores dificultades que enfrentan “las familias vulnerables” de todas las Comunidades Autónomas tiene que ver con la subida de los tipos de interés, cuyo impacto cifró en cerca de 260 euros al mes que “es imposible de asumir para una familia, da igual de donde sea”, por lo que cree que “hay que actuar”.
 

“Desde Sumar pensamos que hay que congelar ya las cuotas hipotecarias”, y ante las críticas de que con ello se fomentaría el impago de estos cargos, defendió que lo último que hace una persona trabajadora “es dejar de pagar la hipoteca, porque eso puede significar perder su casa”.

Reforma fiscal

Díaz también señaló que hay “una gran reforma pendiente” en España que es la reforma fiscal, que en su opinión “no va de subir o bajar impuestos” sino de evitar “los enormes privilegios fiscales” que tienen algunas empresas porque los que “más tienen son los que más tienen que aportar”.
 

La líder de Sumar sostuvo que “hablar de fiscalidad es hablar de nuestros derechos” y aprovechó para agradecer el esfuerzo de los profesionales de los sistemas públicos de salud, el educativo o los servicios sociales, “que se está dejando la piel por este país”.
 

Y apuntó que hay “una grave emergencia social que se llama a la vivienda digna”, por lo que “es urgente avanzar en la ley de vivienda, diciendo claramente a los grandes fondos que tienen que poner a disposición la garantía habitacional para todos”, a los que acusó de tener “beneficios imposibles de recordar”.
 

En este sentido, incidió en que ninguna autonomía cuenta con un parque público de vivienda que, no solo colocaría a España al nivel de otras democracias europeas, sino que además podría “ser generador de riqueza colectiva y de muchos puestos de trabajo”.