9º-12º
viernes | 20 diciembre | 2024
Los vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebraron una primera reunión ayer para valorar una posible dimisión en bloque que fuerce la renovación de la institución –caducada desde el 4 de diciembre de 2018–, si bien sirvió solamente para abrir el debate, por lo que se volvieron a citar para el próximo martes a las 19.00 horas.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron que el encuentro de ayer sirvió para hacer una primera aproximación, ya que solo pudieron participar cinco de los ocho vocales progresistas –Rafael Mozo, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez–, faltando Mar Cabrejas, Roser Bach y Enrique Lucas.
De momento, el único punto de coincidencia en el seno del bloque progresista es que resulta “inaceptable” que el CGPJ siga sin renovarse, después de más de cuatro años en situación de interinidad y varias tentativas de acuerdo político frustradas.
No obstante, sobre la cuestión mollar, la posible dimisión de los ocho vocales, aún no hay consenso interno, por lo que se espera que los contactos se sucedan durante la próxima semana con la fecha clave del Pleno ordinario del jueves, donde se abordará este asunto, ya con la presencia de los diez vocales conservadores.
Por ahora, pesan más las dudas que las certezas entre los vocales progresistas, por lo que la pregunta a la que intentan responder en este momento es hasta qué punto estaría en sus manos “estimular” la renovación del CGPJ, apuntando así a una dimisión más simbólica que práctica.
La iniciativa, que partió de Cuesta a raíz de la renuncia de Sáez –aún no aceptada–, podría llegar a paralizar el CGPJ, actualmente compuesto por dieciocho vocales (ocho progresistas y diez conservadores) porque la normativa establece que para constituir el Pleno debe haber un mínimo de once: diez más el presidente, cargo que ahora ocupa el progresista Mozo.
Sin embargo, la cuestión del quorum no está exenta de debate. Desde el sector conservador se advierte de que ese mínimo imprescindible podría bajarse a tan solo 10 vocales si se considera que Mozo, al estar en el cargo de forma interina por la dimisión de Carlos Lesmes el 9 de octubre, es un vocal más.
El ala conservadora indica igualmente que, incluso en el caso de que no pudiera formarse Pleno, el CGPJ podría seguir trabajando con su Comisión Permanente, conforme al reglamento interno, pero este extremo también plantea interrogantes, porque no está claro que pueda operar sin el presidente del CGPJ.
Los conservadores avisan además de que sus pares progresistas podrían incurrir en un delito de abandono de la función pública si dimiten. Desde el bloque progresista, este escenario se descarta completamente, porque llevan cuatro años ocupando el cargo de forma interina, así como por el precedente de Lesmes.
Así las cosas, desde ambos bandos reconocen numerosas dudas de índole jurídica, si bien coinciden en que la renuncia de los ocho vocales progresistas sería un golpe de efecto en el contexto de un CGPJ cada vez más deteriorado, por su situación de interinidad y las tensiones internas.
En cualquier caso, las fuentes subrayan que el movimiento tectónico se produciría después de que el CGPJ hubiera finalizado la designación de los miembros judiciales de las juntas electorales provinciales de cara a los comicios del 28 de mayo, un proceso que culmina el 4 de abril.
De esta forma, las elecciones autonómicas y municipales estarían garantizadas, no así las elecciones generales que está previsto que se convoquen a finales de este año. Para estas últimas, haría falta un CGPJ que pueda formar Pleno y cumplir con sus obligaciones electorales.
Las fuentes recalcan asimismo que, aunque la decisión de dimitir es individual solo tendría sentido si se hiciera de forma conjunta, tanto por el simbolismo como por las consecuencias prácticas.
De momento, Mozo solo tiene sobre la mesa la carta de renuncia que Sáez le envió el 13 de marzo y que se conoció el miércoles. El presidente interino tiene previsto desvelar en el Pleno del día 30 si la acepta o la rechaza.
En la carta Sáez plantea su renuncia como “ineludible”. En primer lugar, porque el CGPJ lleva caducado más de cuatro años.
Sáez explica que, “por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad”, vino “aguantando el transcurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad”. En segundo lugar, señala a “la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias algo que ha terminado por “agotar” su “paciencia”.
