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sábado | 16 noviembre | 2024
A la espera de saber si los negociadores socialistas e independentistas son capaces de encontrar una solución que desencalle el acuerdo, el bloqueo de la ley de amnistía está reabriendo la brecha estratégica entre JxCat y ERC, que parecía haberse atenuado con la investidura de Pedro Sánchez.
Con sus siete votos a favor de Sánchez, JxCat aplicó un viraje en su estrategia de los últimos tiempos: en lugar de dar un paso más en su apuesta por la "confrontación inteligente" con el Estado, los de Carles Puigdemont guardaron en un cajón la vía unilateral y entraron en la ecuación de la gobernabilidad de España, abrazando además el camino del diálogo y la negociación que venía reivindicando ERC.
Pero el 'no' de Junts, PP y Vox el pasado 30 de enero en el pleno del Congreso ha devuelto la proposición de ley de amnistía a la casilla de la Comisión de Justicia, que tiene un plazo de 15 días naturales, prorrogable hasta los 30 días, para elaborar un nuevo texto, y ahí surge el interrogante: ¿hay margen para el acuerdo?
Las investigaciones del juez Manuel García-Castellón, que imputó por terrorismo a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, y las pesquisas del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga una presunta trama rusa del 'procés' dentro del 'caso Volhov', dispararon las alarmas en Junts.
En apenas unos días, y tras las advertencias de Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, en JxCat pasaron de elogiar el redactado de la ley -redondeado en comisión con un pacto a tres bandas con el PSOE y ERC- a considerar que tiene "agujeros" y a pedir nuevas modificaciones para blindar a todos los encausados del 'procés'.
Presa de la desconfianza, JxCat exigió introducir cambios que impidan a los jueces procesar a Puigdemont y a otros por terrorismo o por el delito de traición, un blindaje legal que evite, según dijo Míriam Nogueras en el Congreso, que "la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado".
Una vía alternativa sería reformar el Código Penal -para precisar la definición de terrorismo- o la Ley de Enjuiciamiento Criminal -para limitar la potestad del juez de alargar la instrucción-, pero JxCat quiere transaccionar en comisión sus enmiendas a la amnistía.
"Preferimos el riesgo de que eventualmente se pueda considerar que esta ley no es constitucional, antes que saber que dejamos abandonada a gente que puede ser amnistiada", argumentó esta semana la presidenta de Junts, Laura Borràs.
Fuentes de JxCat consultadas por EFE creen que la situación "se puede reconducir", sobre todo después de que Sánchez desvinculara independentismo catalán de terrorismo, aunque lo más probable es que un eventual acuerdo no llegue antes de las elecciones gallegas.
El 'no' de Junts a la ley sulfuró a ERC, que sigue sin entender los argumentos de sus exsocios del Govern, ya que esta dilación en la aprobación de la norma, según denunció el viceconseller Sergi Sabrià, ha dejado "destrozadas" a muchas familias de encausados que van a ir a juicio en las próximas semanas.
El enfoque de ERC es completamente distinto: coinciden con los socialistas en rechazar más retoques a la ley de amnistía -que ya ven "robusta"- para no comprometer su "seguridad jurídica", porque si la tumba el Tribunal Constitucional (TC) o la justicia europea "entonces sí que será papel mojado", razonan fuentes republicanas.
En ERC valoran los esfuerzos del PSOE por hacer suya la defensa de la amnistía pese al desgaste electoral que pueda provocarle y no están de acuerdo con la táctica de Junts de tensar la cuerda de la negociación hasta el último minuto para intentar sacar más réditos, a riesgo de hacer descarrilar la legislatura.
Fuentes de JxCat y ERC coinciden en señalar que las negociaciones no se cerrarán en los próximos días, sino que se alargarán más allá de las elecciones gallegas del 18 de febrero: el PSOE podrá negociar con menos presión, mientras que Junts puede apurar al máximo el plazo del que dispone la Comisión de Justicia.
¿Cuál puede ser la fórmula que desatasque el acuerdo? Sánchez no prevé cambiar el texto de la ley ni reformar el Código Penal, pero no descarta cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque esa no es una vía que convenza a JxCat, que sigue enrocada en sus enmiendas vivas, si bien se abre a transaccionarlas para añadir garantías de una amnistía "integral".
Fuentes de ERC advierten de que no aceptarán enmiendas que dificulten que la ley pase los filtros del TC y de Europa, pero admiten que habrá que ser "imaginativos" para convencer a Junts, si bien subrayan que es imposible anticiparse a la acción de determinados jueces, por lo que, si esta amnistía no acabase abarcando a todos los encausados, habrá que luchar "caso por caso" y, en último término, plantear nuevos indultos.
