El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que España “violó” parte de los derechos del expresident Carles Puigdemont, por haberle suspendido de su cargo como diputado tras procesarlo por un delito de rebelión en la causa del procés, sin que hubiera condena.

En su dictamen, el comité resuelve así la queja que hace cinco años presentó el abogado británico Bem Emmerson, en nombre de Puigdemont, en la que se alegaba que la justicia española había vulnerado los derechos políticos del expresident, quien fue suspendido como diputado junto a otros líderes del procés después de que el juez Pablo Llarena lo procesara por rebelión.

En sus conclusiones, el Comité de Derechos Humanos sostiene que España violó el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque la suspensión automática de Puigdemont como diputado a raíz del auto de procesamiento, sin que existiera condena, “no fue por motivos previstos en la legislación que sean razonables y objetivos”.

El Comité recordó que España reconoció su competencia para determinar si hubo o no violación del Pacto y se comprometió de esa manera a “garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos” en el mismo y a una “reparación efectiva”.

Por ese motivo, instó a España a informarle, en un plazo de 180 días, de las “medidas que haya adoptado” para aplicar el dictamen, y le pide que publique y dé “amplia difusión” a su informe.

El dictamen sostiene que “una aplicación del derecho interno que resulte automáticamente en la suspensión de funciones de oficiales electos” por delitos basados en “hechos públicos y pacíficos”, sin que exista una condena previa, “no puede considerarse que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos”.

La oficina del líder soberanista huido aplaudió el dictamen porque supone “la primera vez que Naciones Unidas defiende los derechos de un exiliado”, dado que hasta ahora solo lo había hecho en el caso de los presos.