La Audiencia Nacional ha condenado a la exdirigente etarra Iratxe Sorzabal a 24 años y medio de prisión por un doble atentado perpetrado el 2 de noviembre de 1996 en Gijón contra una farmacia y contra el Palacio de Justicia, tras ser entregada por Francia para ser juzgada por estos hechos.

En una sentencia, la Sección Primera de lo Penal le impone 17 años de cárcel por un delito de estragos terroristas en grado de consumación en relación al atentado contra el nuevo Palacio de Justicia (que aún no estaba en funcionamiento)y que causó numerosos daños materiales, y una pena de siete años y seis meses por el mismo delito en grado de tentativa en relación con la acción contra la farmacia, en la que no hubo daños.

La Sala absuelve además a Sorzabal del delito de pertenencia a organización terrorista al haber retirado la acusación por este delito tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la Abogacía del Estado y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ya que fue condenada en Francia por un delito análogo, asociación de malhechores.

Los magistrados sostienen que la participación de la acusada viene acreditada especialmente por unas manifestaciones que realizó "de forma espontánea, libre y voluntariamente" a la cúpula de la banda terrorista ETA en una carta manuscrita, que en el argot de la banda se denomina “cantada”, y que son las comunicaciones que efectúa un miembro de ETA cuando es detenido por las fuerzas de seguridad con la finalidad de que la cúpula conozca los datos acerca de los atentados cometidos.

En ella se ofrecen detalles de en qué han consistido, qué efectos han producido, qué información se ha aportado a los agentes y, en general, todos aquellos datos relevantes que pudieran interesar a la organización para adoptar las medidas oportunas.

Dicha comunicación encontrada en una vivienda en Francia, proviene de una comisión rogatoria enviada por las autoridades galas. Se atribuye a Sorzabal porque viene firmada por ella y porque en la misma se describe a integrantes del comando, acciones que llevó a cabo, y una cantidad de detalles y circunstancias relativas a acciones terroristas ,que coinciden íntegramente con lo que declaró en la Guardia Civil.

Incluso hace referencia -dicen los agentes de la Guardia Civil en el informe elaborado sobre dicha comunicación- a una acción del año 1993 (sucursal de Mapfre) que no describe en su declaración previa ante la Benemérita.

“La validez probatoria de este documento es que contiene un relato detallado de las distintas acciones realizadas por la procesada entre las que se encuentra el hecho de reconocer que participó en la colocación y explosión de los dos atentados de Gijón (farmacia y Palacio de Justicia)", señala la sentencia.

"Y decimos que tiene pleno valor probatorio -añade- por cuanto que ese documento no es una mera transcripción o relato más o menos pormenorizado de lo que la procesada dijo en dependencias de la Guardia Civil cuando previamente fue detenida, sino que en dicho documento se amplían detalles de otras acciones, o bien se relata también acciones nuevas, encuentros de personas, etc… que son absolutamente novedosos y que, a juicio de los testigos que elaboran el informe, solamente los podía conocer la persona que lo relata por haberlos vivido en persona”.

Según los magistrados, ambos artefactos explosivos, de los que ella dio aviso mediante sendas llamadas advirtiendo de su colación, tenían la finalidad de causar el máximo daño posible a las personas y al patrimonio público y privado.

En el caso del artefacto del Palacio de Justicia, que explosionó sobre las 6.30 horas en una zona urbana, existió un claro peligro para las personas, ya que es muy posible que pudiera pasar gente por ese lugar, señala la Sala en su relato de hechos probados.

Por estos hechos, la Fiscalía pedía para ella 36 años de prisión tras rebajar su petición inicial de 46 años de cárcel al retirar la acusación por el delito de pertenencia a organización terrorista.

Esta es la única causa por la que fue entregada temporalmente el pasado 14 de enero a España por Francia, donde cumple condena tras haber sido detenida en 2015 en el país galo junto al exjefe de ETA David Pla, recientemente nombrado dirigente de Sortu.

En el juicio, Sorzabal negó haber participado en estos atentados y recordó que tras ser detenida 2001 en Hernani (Guipúzcoa) quedó en libertad y huyó a Francia, donde ya sí se integró en la banda, hasta que fue detenida en 2015.

Alegó en su defensa que tras su arresto la Guardia Civil le obligó con torturas a confesar su participación en los atentados de Gijón.

El Tribunal Correccional de París la condenó en rebeldía en junio de 2006 a 3 años de cárcel por su pertenencia al aparato político de ETA y en 2013 fue de nuevo condenada en rebeldía en el juicio en el que se le impuso una cadena perpetua al padre de su hija, el exdirigente etarra Mikel Carrera Sarobe, Ata, por el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton en 2007.