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martes | 26 noviembre | 2024
El debate sobre la reforma del delito de sedición, que reclama ERC pero el Gobierno volvió a enfriar, no impidió al PSOE y al PP avanzar en sus negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese a las críticas de Vox y Ciudadanos a los populares si llegan a un acuerdo en este contexto.
El Gobierno de Pedro Sánchez alejó nuevamente su compromiso de reformar el delito de sedición pese a la presión de ERC e insistió en que no hay una mayoría parlamentaria suficiente para avalar un cambio.
Y mientras tanto el Gobierno como ERC desvinculan esta posible reforma de la negociación de los Presupuestos generales del Estado para 2023, en el PP se afanan en desligarla de la negociación para reformar el CGPJ que, según la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, está “muy” avanzada.
La también portavoz del PP en el Congreso subrayó que la reforma del delito de sedición y la negociación del Poder Judicial “son dos cuestiones distintas” en las que “el PP tiene un papel diferente”.
De hecho, el PP considera que la posible reforma para rebajar las penas del delito de sedición pretende dar un “marco favorable” a los independentistas catalanes que aún no fueron juzgados por el referéndum ilegal y supone un “capítulo más del ‘Manual de resistencia’” de Pedro Sánchez para “seguir en el poder”, por lo que votaría en contra si el asunto llegara al Congreso.
Pese a ello, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, dijo que es “incomprensible” que el PP mantenga la negociación para renovar el Poder Judicial con un Gobierno dispuesto a rebajar la pena por delito de sedición.
También fue muy crítico el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que considera que el PP será “cómplice” de la estrategia “sanchista” de un “desguace de la Justicia” si alcanza un acuerdo para la renovación del CGPJ en este contexto de debate para rebajar el delito de sedición.
Esta rebaja es un compromiso adquirido por el Gobierno dentro de una amplia reforma del Código Penal hace casi dos años, después de que los líderes del procés fueran condenados por sedición, pero para que salga adelante es necesaria una mayoría absoluta, al tratarse de un cambio en una ley orgánica.
Pero mientras la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, urgió ayer a la Moncloa a cerrar un acuerdo sobre la carpeta de la desjudicialización en un plazo de dos meses con las posibles reformas del Código Penal que se deriven, como el delito de sedición, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelven a enfriar el debate sobre este asunto.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistió en que “no hay novedad” y la ministra de Justicia, Pilar LLop, quiso dejar claro que “no se dan las mayorías suficientes para recabar los consensos necesarios” que permitan reformar el delito de sedición, que es “muy complejo” y cuenta con “una regulación ambigua y extremadamente sensible”.
Tampoco en el entorno del PSOE ven viable que la reforma pueda aprobarse en esta legislatura, y más con la cercanía de un periodo electoral, y apuntan que ERC ya moderó su discurso.
Entre los que apoyan la reforma también está Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.
Podemos rebajó el tono en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y ya no amenaza con no formar parte del acuerdo si no está la jueza Victoria Rosell, limitándose a señalar que están trabajando para que no haya vetos del PP y así lo están hablando con los socialistas.
Si hace cuatro días Podemos advertía que no estaría en ningún acuerdo para renovar el Poder Judicial en el que no se incluyera a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ayer el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, insistió en que no están ahora en ese escenario de que el PP pueda vetar a Rosell.
Así, aseguró que no entienden que “nadie progresista” pueda apoyar al PP en esto cuando Rosell representa “la regeneración de la justicia”.
A su juicio, es “un insulto a la inteligencia” que el PP imponga el criterio de que los vocales no tengan un perfil político.
