La Fiscalía tiene previsto presentar mañana su recurso ante el Tribunal Supremo para que el juez Pablo Llarena reconsidere su decisión y aplique la amnistía total al expresidente catalán Carles Puigdemont y retire la orden de detención nacional que pesa sobre él y otros dos exconsejeros.

Fuentes fiscales han informado a EFE de que el ministerio público defenderá en un recurso la tesis que ya plasmó en el escrito en el que pedía que se aplicase el perdón a Puigdemont, a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, y a la dirigente de ERC Marta Rovira.

El magistrado Pablo Llarena discrepó de su criterio y del de la Abogacía del Estado, que previsiblemente también recurrirá, y acordó que no se podía aplicar la amnistía a la malversación porque los líderes soberanistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial al sufragar el referéndum del 1-O con dinero público y porque hubo un daño potencial a los intereses financieros de la UE.

Estos son dos de los principios que la ley dejó fuera del perdón y son los que motivaron la decisión de Llarena, que rechazó retirar las órdenes nacionales de detención de Puigdemont y los dos exconsejeros que, como él, también huyeron de España y no fueron juzgados.

Disconforme con su criterio, la Fiscalía del Tribunal Supremo volverá a defender que no concurren ninguna de esas dos exclusiones y que debe archivar la causa del "procés".

Tras un profundo debate interno que motivó que los fiscales del caso, partidarios de no amnistiar, se retirasen del procedimiento, el ministerio fiscal defendió en un informe la aplicación del perdón al descartar que hubiese ánimo de lucro en el "procés" o intereses económicos en el desvío de fondos públicos de los líderes soberanistas "con el único propósito de celebrar la consulta" del 1-O.

Rechazó también que hubiese daño económico a la Unión Europea porque "los fondos desviados" no eran europeos ni el presupuesto comunitario sufrió "impacto alguno", y destacó que la voluntad del legislador es perdonar todos los delitos con la finalidad de lograr "la aminoración" del conflicto en Cataluña en torno al "procés".

Llarena sí que vio que el delito de desobediencia se ubica "en el ámbito de aplicación" de la amnistía, pero pidió a las partes que alegasen sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el mismo, al tiempo que retiraba la orden de detención nacional que tenía vigente Marta Rovira.