El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el protocolo de actuación frente al acoso sexual en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos, que obliga a los empleados públicos a informar de posibles casos y que aplicará también a los trabajadores de empresas subcontratadas.

El protocolo obliga asimismo a la Administración a atender y tramitar, en su caso, las notificaciones que reciba sobre supuestos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, en el ámbito de su competencia, garantizando que sus actuaciones no desprotejan a la víctima.

Para actuar con celeridad se ha rebajado a diez días el plazo máximo para elaborar un informe desde la comunicación o solicitud de activación del protocolo.

La entrada en vigor del protocolo tendrá lugar en el plazo de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que cada ministerio y organismo público lo pueda adaptar con garantías.

El protocolo se acordó la pasada semana con la mayoría de la representación sindical (CSIF, UGT y CIG), que destacó entre sus novedades que contempla el acoso realizado a través de medios tecnológicos, informáticos o ciberacoso y que establece un amplio listado de conductas constitutivas de acoso como flirteos, insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas, despectivos o bromas vejatorias.

CCOO, sin embargo, lo criticó por considerar que no protege debidamente a los trabajadores, ya que no se establecen medidas organizativas para separar a la víctima de la persona acosadora y no se modifica el régimen disciplinario para permitir sanciones graves o muy graves si decae la vía judicial, entre otras cosas.