El independentismo catalán investiga, a través de la plataforma Citizen Lab, si el supuesto espionaje político alcanzó al menos a otras 150 personas más, cuyos móviles podrían haber sido infectados también por el sistema de ciberespionaje Pegasus, según publicó “El Confidencial”.

Después de hacerse público hace dos semanas que los móviles de 65 dirigentes independentistas fueron infectados con Pegasus, entre ellos el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la plataforma Citizen Lab, vinculada a la Universidad de Toronto, inició una segunda fase de su estudio en cooperación con los afectados.

Según fuentes conocedoras de esa investigación, citadas por “El Confidencial”, además de las 65 personas iniciales, se sospecha que el espionaje pudo alcanzar a 150 individuos más, entre los que habría cooperadores y asesores políticos, periodistas de distintos medios o miembros de la sociedad civil vinculados a Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o los Comités de Defensa de la República (CDR), o personas de otras comunidades fuera de Cataluña. La infección, según dichas fuentes, pudo actuar como una “onda expansiva”: desde los teléfonos principales ya detectados, el sistema Pegasus pudo tener acceso a otros números de teléfono guardados en las agendas, que habrían sido infectados a su vez.

Infección

Para ese contagio (el laboratorio de Citizen Lab habría localizado hasta 200 mensajes sms con esa finalidad) se usaron mensajes de texto que aparentaban ser noticias, actualizaciones de la red social Twitter, notificaciones de la Seguridad Social, avisos gubernamentales sobre el covid-19, o envíos de paquetes y tarjetas de embarque. La denuncia de los partidos independentistas por presunto espionaje con el programa iraelí Pegasus coincide en el tiempo con varias causas judiciales que siguen tramitando los tribunales acerca de los promotores de la plataforma Tsunami Democrátic, los Comités de Defensa de la República (CDR) y el caso Voloh de desvío de fondos, en este último con presuntas conexiones con la Rusia del presidente Vladimir Putin.

Se trata de procedimientos abiertos tras investigaciones policiales a raíz del referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017.