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jueves | 28 noviembre | 2024
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado dirigir la investigación por terrorismo sobre el movimiento Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados.
El magistrado ha citado como investigada a Rovira y a otras ocho personas, y en el caso de Puigdemont le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente dada su condición de eurodiputado, que implicaría la obligación de dictar un suplicatorio para citarle.
Lo mismo ocurre con Ruben Watesberg, secretario cuarto de la Mesa del Parlament y diputado de ERC, también aforado.
García Castellón cita asimismo como testigo al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para que declare sobre una reunión que este habría mantenido en Ginebra con Marta Rovira, según el auto, donde el magistrado ve "llamativa" su presencia en "la gestación de la organización".
El juez investiga en esta causa -una de las que podría ser susceptible de entrar en una eventual ley de amnistía- las acciones desplegadas por Tsunami Democràtic, una "organización estructurada" y "jerarquizada" surgida en 2019 en protesta contra la sentencia del 'procés', para -dice el auto- "subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".
El juez cree que Puigdemont tuvo un "rol de liderazgo" en el movimiento de Tsunami, según infiere de conversaciones que obran en la causa, y sostiene que está "acreditado indiciariamente" que el expresidente catalán acudió "a las reuniones que se celebraron en Ginebra" el 29 y 31 de agosto de 2019, donde "pudo haberse planificado la actuación" de la plataforma.
Una conclusión que extrae del análisis de la agenda del historiador y hombre de su máxima confianza, Josep Lluis Alay, quien, según el juez, haría de intermediario con el resto de implicados y consultaría al expresidente catalán las "decisiones y dudas" que surgen en torno a la campaña desplegada por Tsunami.
Por eso, ve necesario oírle en calidad de investigado en el marco de un interrogatorio que "versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio".
El magistrado ha dictado este auto apenas unos días después de recibir un informe de la Guardia Civil que ubicaba a Marta Rovira en la coordinación de Tsunami Democratic, y que vinculaba a otras ocho personas con este movimiento, ahora imputadas.
Entre ellas figura Oriol Soler, empresario próximo al independentismo; el exconseller de ERC Xavier Vendrell -ambos integrantes del "estado mayor" que organizó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017-; el historiador Josep Lluis Alay; el consejero de Omnium Oleguer Serra o los empresarios Marta Molina y Josep Campmajó, entre otros.
Según el magistrado, los informes policiales han revelado que Tsunami fue fruto de una planificación de diferentes personas para ejecutar acciones de gran envergadura, "capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España".
Entre esas actuaciones, el juez cita el bloqueo del aeropuerto de El Prat o el intento de bloqueo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas; los altercados en el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid el 18 de diciembre de 2019 y en la huelga general del 18 de octubre; y cree también que Tsunami "trató de influir" en las elecciones generales de noviembre de 2019.
Estos hechos, según el juez, podrían incurrir en "actos de terrorismo" y también sería posible calificarlos como "delitos de desórdenes públicos terroristas", que requiere que se cometan por una organización terrorista o individualmente, pero amparados en ella.
En su opinión, no se puede excluir "en absoluto que Tsunami Democratic pudiera tener la consideración de 'grupo terrorista'".
