El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha enviado a juicio el caso Kitchen, en el que está acusado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula de su departamento por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas orquestado en 2013 para hacerse con documentos de Gürtel.

El magistrado, instructor del caso Villarejo en el que se enmarca esta investigación, ha dictado este viernes auto de apertura de juicio oral contra once acusados, entre los que figura también el ex número dos de Interior Francisco Martínez; el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, y el propio comisario José Manuel Villarejo.

A los dos primeros y al exministro impone una fianza por responsabilidad civil de 120.000 euros, según el auto, en el que el juez ha rechazado la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultasen condenados.

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Fernández Díaz y Francisco Martínez por esta supuesta operación parapolicial, presuntamente orquestada desde Interior en 2013 para seguir a Bárcenas y a su familia y conseguir documentos del caso Gürtel que pudiesen comprometer al partido o a sus dirigentes, y para la que se habrían destinado fondos reservados.

Esta investigación se dirigió también durante unos meses contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, si bien el juez acabó sacándoles del caso, en contra del criterio de la Fiscalía, al descartar que hubiera una trama política más allá del ministerio.

Entre los acusados sí que figura quien fuese asesor de la exdirigente popular en el Gobierno de Castilla-La Mancha, el comisario Andrés Gómez Gordo, así otros ex altos cargos policiales como José Luis Olivera o Marcelino Martín Blas, y el chófer Sergio Ríos, entre otros.

Este último, según la Fiscalía, recibió unos 54.000 euros con cargo a los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía (algo que finalmente "se materializó"), a cambio de informar "de forma exhaustiva e individualizada" a los acusados de los movimientos de la familia Bárcenas y facilitarles documentos.

Anticorrupción pide penas de entre 19 y dos años y medio de prisión para los acusados en esta pieza, si bien no se dirige contra Olivera, que fue exjefe de la UDEF, ni contra los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, al considerar que no hay suficientes indicios contra ellos.

Sin embargo, el juez ha rechazado su petición de archivo respecto a ellos y le ha pedido que formule escrito de acusación o renuncie al mismo en un plazo de tres días.

Además de Anticorrupción, en este procedimiento también acusan la Abogacía del Estado, el PSOE, Podemos y la familia Bárcenas.

El magistrado considera que, con independencia de lo que suceda en el juicio, en principio los relatos en sus escritos de acusación y sus calificaciones penales resultan adecuados.

Entre los delitos planteados por las acusaciones figuran descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias o malversación, entre otros, y en el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita.