La Junta Electoral Central (JEC) ha impuesto una multa de 1.500 euros a Pedro Sánchez por exponer manifestaciones valorativas y de contenido electoral en una rueda de prensa en Doha durante la campaña electoral de las catalanas, una resolución que ha adoptado a raíz de una denuncia de ERC. 

También ha impuesto otra sanción de 2.200 euros a la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, por manifestaciones "con contenido valorativo y electoralista, aprovechando los medios públicos de que disponía" en el transcurso de una rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros a cinco días de las elecciones en Cataluña. 

En la resolución de la JEC referida al presidente del Gobierno, este quebrantó el principio de neutralidad "que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral", vulnerando la ley electoral "con la consiguiente merma del principio de igualdad" entre las formaciones políticas que compiten en las elecciones. 

La resolución de la Junta Electoral se refiere a las declaraciones del presidente del Gobierno durante la citada rueda de prensa celebrada en Doha el 3 de abril con motivo de su viaje oficial a Oriente Próximo. 

Fueron estas declaraciones las que motivaron a ERC a acusar al presidente de haber difundido mensajes políticos partidistas al referirse al candidato socialista, Salvador Illa, como la persona "que puede unir y servir ahora mismo" a la sociedad catalana, utilizando así el lema de la propagada electoral del PSC. 

Respecto de la multa que impone a Pilar Alegría, la JEC ha estimado así la reclamación presentada por el PP contra la ministra en una rueda de prensa el 7 de mayo, donde dio cuenta de los acuerdos adoptados por el Gobierno y respondió a las habituales preguntas de los periodistas. 

Para este órgano, la ministra no se limitó en su comparecencia a comunicar las cuestiones relativas al Consejo de Ministros, sino que "fue más allá" al criticar al PP y la estrategia de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, entre otras cosas por la convocatoria de manifestaciones y sus "constantes palos en la rueda para imposibilitar la renovación del poder judicial". 

Contra ambas resoluciones, tanto Sánchez como Alegría pueden interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala del Tribunal Supremo de dicho orden jurisdiccional.