El colectivo de funcionarios de la Administración de Justicia ha empezado este jueves una huelga indefinida en todo el Estado y, en Galicia, sus portavoces denuncian trato "de segunda": "Queremos que se nos reconozcan las funciones y que se nos pague por ello, como a los letrados, a los jueces y a los fiscales", resumen.

El 17 de abril empezaron los paros parciales de tres horas del colectivo de funcionarios de Justicia -unos 2.500 en Galicia- con carácter indefinido, aunque hoy empieza la huelga a jornada completa.

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que convocan la huelga junto a SPJ-USO y también con el apoyo de la CIG, se han concentrado hoy ante la Delegación del Gobierno en Galicia tras la pancarta "LOEO paralización. Funciones claras. Retribuciones justas".

Manuel Díaz, portavoz de UGT, ha denunciado la "negativa que viene manteniendo el Ministerio de Justicia a negociar con las centrales sindicales presentes en el comité de huelga".

Ha recordado que sus reivindicaciones se centran en el impacto de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y en las retribuciones, "que están congeladas desde 2003": "En algunos complementos, cobramos menos que hace 20 años", ha expresado.

Ha avanzado la continuidad de las movilizaciones "mientras siga la actitud inmovilista" del Gobierno, que ha comparado con "el avance respecto a jueces y fiscales", que no afecta al colectivo de funcionarios, o las subidas salariales, de hasta 600 euros este año, para los letrados de la Administración de Justicia.

"La situación afecta a todos los operadores de la Administración de Justicia. Todos sufrimos falta de medios y falta de personal, pero se tendrá que solucionar de manera global para todos, especialmente para nosotros que asumimos el 95 % del peso del trabajo procesal", ha agregado.

Enrique Araújo, portavoz de STAJ, ha demandado que se reconozcan "las funciones"

 que desempeñan los funcionarios, "pero se pagan a los letrados".
"Están pagándoles a los directivos sin pagar a quienes trabajan. Es una burla con los funcionarios. Trabajamos en las mismas oficinas que los letrados, los jueces y los fiscales. No puede haber una desproporción tan grande con quienes llevamos el peso del trabajo. Nos tratan como funcionarios de segunda", ha añadido.

Hasta ahora no ha habido acuerdo con el Ministerio de Justicia, pero el colectivo espera que se reconozcan sus reivindicaciones como se hizo con los letrados, que representan en torno a un 2 % del funcionariado del área.

La huelga está convocada para todo el Estado, pero hay diferencias entre las comunidades autónomas a nivel salarial, pues son doce las que tienen las competencias transferidas -Galicia, Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Valencia, Canarias, Euskadi, Navarra, La Rioja, Cantabria y Asturias- y otras cinco -Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares- junto con las ciudades autónomas están gestionadas directamente por el Ministerio.

Esto hace que haya trece territorios -cada comunidad más uno único del Ministerio- que establezcan condiciones diferentes, con algunos complementos iguales al depender del Estado y otros distintos establecidos por cada comunidad, que provocan importantes disparidades salariales entre el funcionariado.