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lunes | 2 diciembre | 2024
La ministra de Justicia, Pilar Llop, insistió ayer en que las peticiones de los Letrados de Administración de Justicia (LAJ) para poner fin a la huelga no son “viables” económicamente, pero animó a “seguir dialogando y buscando soluciones”.
En declaraciones a los medios desde Palma, la ministra aseguró que las propuestas del comité de huelga son “medidas exclusivamente salariales” y que desde el Ministerio pidieron “otras propuestas orientadas al mejor servicio” de Justicia. No especificó si ve más viable un acuerdo por la vía de la rebaja de las cargas de trabajo: “Todo hay que hablarlo”, dijo.
Llop afirmó que el comité rechazó la propuesta del Ministerio, que unifica determinadas categorías de partidos judiciales para que alrededor de 1.900 letrados tengan un aumento retributivo de 5.000 euros anuales, pero “ellos insisten en una cláusula de enganche que no es viable”.
Según la Ministra, el comité pide “un 85% de las retribuciones de los jueces, que en términos económicos supone un compromiso presupuestario para el Ministerio de 61 millones de euros”, “mucho más de lo que destina a la asistencia jurídica gratuita” y un aumento en cada nómina “de más de 1.000 euros al mes”.
Llop añadió que cuando llegó al Ministerio ya aumentaron las retribuciones en una media de 200 euros adicionales al mes y que hay un acuerdo para aumentar un 9,5% los salarios en los próximos tres años.
Asimismo, la ministra advirtió que la situación de huelga “está produciendo un grave daño al servicio” de Justicia, y reiteró su solicitud para alejarse de “posturas maximalistas”, en alusión al carácter indefinido de la huelga, en lugar de “paros parciales o en días puntuales”.
Llop añadió que se sigue “hablando con el comité” y que “constantemente” hay “reuniones y diálogo”.
Además, Pilar Llop, declaró ayer que “el Partido Popular (PP) tiene un interés evidente en no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, tras ser preguntada por los mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el anterior Gobierno del PP durante la investigación del caso Kitchen.
En declaraciones a los medios en Palma, la ministra remarcó que corresponde al CGPJ, “un órgano independiente”, actuar “si observa que ha habido algún tipo de responsabilidad disciplinaria”.
En cualquier caso, Llop llamó la atención sobre que en este caso se trata de “conversaciones de un presidente de la Audiencia Nacional, nada más y nada menos, y un cargo del PP imputado, ya acusado, en un procedimiento penal por unos hechos muy graves”.
“Me lleva a pensar que el PP tiene un interés evidente en no renovar el CGPJ”, dijo la ministra.
