El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha solicitado cuatro años de prisión para el excomisario José Manuel Villarejo por el conocido como caso Dina, una investigación sobre el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham en 2015 y el acceso a la información que allí guardaba.

Es la misma pena de prisión que piden para Villarejo los abogados de la propia Bousselham, que también solicita cuatro años de cárcel para los dos periodistas de la extinta revista Interviú que serán juzgados por esta causa, Alberto Pozas y Luis Rendueles, para quienes Pablo Iglesias reclama tres años de cárcel.

Ambos acusan a los tres investigados de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y, en el caso de Villarejo, también de omisión del deber de perseguir el delito, según los escritos a los que ha tenido acceso EFE.

El caso Dina, iniciado en marzo de 2019, gira en torno a la información que apareció en 2017 en un registro policial al excomisario Villarejo, guardada en las carpetas DINA 2 y DINA 3, que almacenaban archivos de la tarjeta de memoria que había sido robada a la exasesora de Pablo Iglesias dos años antes.

El exlíder de Podemos siempre ha sostenido -y lo hace ahora en su escrito- que el robo y la "circulación" de su contenido "tuvo el claro objetivo" de perjudicarle a él y al partido.

El juez del caso, Manuel García Castellón, procesó a los dos periodistas al considerar que ambos entregaron a Villarejo parte de la información que contenía esa tarjeta, de carácter reservado y que llegó a sus manos en enero de 2016.

Los periodistas siempre han apelado a su inocencia y han justificado que entregaron aquella información porque se trataba de un requerimiento policial, si bien Pablo Iglesias sostiene en su escrito de acusación que ambos "mantuvieron en su poder todo el contenido del teléfono móvil vulnerando" la intimidad de Dina Bousselham sin su consentimiento.

Reprocha que, pese a "conocer el origen ilícito de la información que habían obtenido", no lo pusiesen en conocimiento de la perjudicada, y añade que la documentación hallada más tarde en el registro a Villarejo contenía datos íntimos de la exasesora, y también información de carácter profesional de Podemos y privada de Iglesias.

Bousselham, por su parte, insiste en que Villarejo nunca contactó con ella como perjudicada de estos hechos ni denunció ante el juzgado el "hallazgo" del contenido de su móvil, que incluía información de "carácter íntimo, sexual, familiar y privado".

Ambos escritos sostienen que Villarejo trató de vender la información que llegó a sus manos e incluyen diversas reuniones entre él y diversos mandos policiales y periodistas.

Tanto Iglesias como Bousselham mencionan la publicación del informe policial PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que no llevaba ni firma ni sello y fue rechazado por los juzgados, y que, según la exasesora, contenía información que podría haberle sido robada.

Aunque no acusa por un delito de organización criminal, sí que apunta a la posible existencia de una organización dirigida por Villarejo que recibiría encargos para realizar actos de espionaje o campañas de desprestigio, "a través de la denominada policía patriótica", aunque también añade que "no consta" que Villarejo entregase la información en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.