La familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol da por hecho que Hacienda les tendrá que devolver los 1,7 millones de euros que aportaron en 2014 al regularizar sus cuentas en Andorra, después que la justicia europea ha considerado ilegal la legislación del "modelo 720".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que es ilegal la legislación española que obliga a declarar a los residentes los bienes y derechos en el extranjero a través del llamado "modelo 720", por considerar que las sanciones y multas que impone son "desproporcionadas" y menoscaban la libre circulación de capitales en la Unión Europea.

La corte europea dio así la razón a la Comisión Europea, que en 2019 recurrió a los tribunales comunitarios tras pedir a España modificar sin éxito una legislación que, a su juicio, impone sanciones "desproporcionadas" a quienes no hacen la declaración o la presentan fuera de tiempo.

La defensa de los Pujol, ejercida por los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo, está convencida de que, a raíz de esta sentencia europea, Hacienda tendrá que devolver los 1,7 millones de euros que varios miembros de la familia aportaron a través de una declaración complementaria (del modelo 720) en julio de 2014 al regularizar sus cuentas en Andorra, además de los intereses, según han señalado a Efe fuentes judiciales.

De hecho, cuando la familia Pujol ingresó este dinero en Hacienda ya dejaron claro que lo hacían de forma cautelar, alegando que el "modelo 720" estaba en cuestión porque ya había sido denunciado por la Comisión Europea y subrayando que no habían cometido ninguna irregularidad porque era un dinero que tenían en Andorra desde hacía más de 20 años y que la supuesta irregularidad administrativa ya había superado los cuatro años para su prescripción.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado hoy que el Gobierno modificará en breve el "modelo 720" de declaración de bienes en el extranjero declarado ilegal este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque ha recordado que continúa en vigor.

Montero ha asegurado que la intención del Ejecutivo es aprobar la modificación de la norma antes de que termine el plazo de presentación de este ejercicio, el 31 de marzo, y que para ello se aprovechará alguna de las leyes actualmente en tramitación.

Con respecto a las sanciones, desde su puesta en marcha se han impuesto multas por unos 230 millones de euros, por lo que ahora "habrá que ver a quién afecta la letra pequeña de la sentencia", es decir, si habrá que devolver todo ese importe o solo una parte.