El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ha suspendido de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

En un auto con fecha 25 de febrero, el tribunal acepta paralizar cautelarmente la licencia de obras tras una demanda particular. El Consistorio madrileño tiene tres días para presentar alegaciones al texto judicial.

El texto de la querella impugna el informe del consistorio con fecha 26 de noviembre de 2019 por el que se declaraba "admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco" y su "traslado a otro lugar".

Así, el demandante argumenta que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 implica la "inminencia de la citada exhumación" con las obras y subraya que en el "caso de autos no se aprecia especial urgencia" para exhumar a Franco que lleva en el Valle de los Caídos 44 años.

Posteriormente apuntan señalan que lo "realmente importante" de la demanda es que "a falta de expediente administrativo", que no disponen de ello, dudan que las obras sean "conformes a la legalidad vigentes" y si se pueden efectuar "con seguridad para las personas".

"Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol que, a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso", advierten al tiempo que vislumbran un "riesgo evidente".

Para finalizar, indican en un dictamen pericial de dos arquitectos que la documentación aportada le "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que puede existir bajo la sepultura de Franco".

"Una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos u operarios", apostilla al tiempo que apuntan al artículo 1º de la Constitución sobre la vida humana.

Contra el auto no cabe recurso y es firme aunque el Ayuntamiento de San Lorenzo tiene tres días para que "alegue lo que a su derecho proceda".