El Tribunal de Cuentas acordó que citará a declarar al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en el futuro juicio que celebre en el marco del procedimiento contable que dirige por el supuesto desvío de dinero destinado al proceso independentista de Cataluña de 2017.

Es una de las pruebas que admitió la consejera Elena Hernáez Salguero en la audiencia preliminar celebrada ayer en el tribunal, en la que sin embargo rechazó citar al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. 

La defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, había solicitado ambas testificales y había argumentado la necesidad de oír a Montoro por las declaraciones que realizó en sede parlamentaria, donde, según el abogado, “certificó la corrección de las cuentas publicas de la Generalitat”.

La consejera rechazó citar a Montoro al considerar su declaración “innecesaria e improcedente” dado que fueron declaraciones políticas y en este procedimiento se trata de dilucidar “una cuestión meramente técnica”. 

Sí que aceptó que declare Puigdemont, pero no por petición de Boye, sino de otra de las partes, dado que en la vía civil un abogado no puede pedir la declaración de su propio cliente, demandado en el procedimiento. Lo que nadie especificó es si la declaración será por videoconferencia o de forma presencial.

El expresidente de la Generalitat, ahora eurodiputado, lleva años fugado en Bélgica y aún no fue juzgado por el Tribunal Supremo en la vía penal. Es más, junto a sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, está a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelva su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, después de que el Tribunal Supremo solicitara el suplicatorio para poder extraditarlos y juzgarlos. 

La consejera Hernáez Salguero aceptó también otras testificales como la de un antiguo integrante del Comité Ejecutivo del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) o la entonces interventora de la Administración del Estado.

También aceptó la solicitud de algunas defensas de reclamar a la Intervención de la Generalitat catalana si una serie de facturas, algunas expedidas por la extinta empresa postal Unipost, están abonadas con el objetivo de acreditar, según los abogados, “la inexistencia de daño”.