Dos padres que perdieron a su hijo en el accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Santiago de Compostela han denunciado el “daño moral” que les supuso, después, “la lucha” que iniciaron frente al “oscurantismo” y la “falta de transparencia”, con el objetivo de que se supiera “toda la verdad” sobre las causas de la tragedia.

La titular del juzgado de lo penal número 2 de la ciudad, Elena Fernández Currás, les ha respondido que “todo el periplo político” que dura ya casi 10 años, con protestas en ayuntamientos y que también escucharon el Congreso de los Diputados y las instituciones europeas, queda “fuera” de su ámbito.

El estatuto de la víctima de 2015, posterior a esta tragedia en la que murieron 80 personas y 140 heridos, recoge que “el reconocimiento, protección y apoyo a la víctima no se limita a los aspectos materiales y a la reparación económica, sino que también se extiende a su dimensión moral”. “Se ha de ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, jurídica y también social”, explicita esta norma.

“No somos números, no somos 80 muertos y 140 heridos. Es mucho más. Es una tragedia, una catástrofe evitable”, ha advertido en la sala que acoge el juicio por el siniestro ferroviario Cristina Liras, la madre de un chico de 27 años que falleció en Angrois.

El tren descarriló en la curva de A Grandeira en la víspera del Día de Galicia y tanto Cristina como el padre del joven, Javier García Municio, han relatado el viaje “de infierno” que hicieron aquella noche hasta la capital gallega desde Segovia, cuando supieron por la televisión lo que había sucedido.

“QUE SE LE PONGA CARA”

“Quiero que se le ponga cara”, ha subrayado la madre mostrando una imagen de su hijo. “Tenía toda la vida por delante”, había lamentado con anterioridad.

Ante las preguntas de su abogada, esta afectada ha recordado que cuando acudieron a la oficina de atención a las víctimas de Renfe y pidió que le pusieran en contacto con otros padres que hubieran perdido hijos, no le dieron ningún teléfono.

Pero sí contactó con otros perjudicados a través de la plataforma de víctimas constituida tras el accidente. “Entonces empezó la lucha”, ha recordado.

“Fuimos a muchísimos sitios. A ayuntamientos, a Europa. Y supimos que un informe al que aquí se le daba gran relevancia se cuestionaba”, ha llamado la atención, en relación al de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), el cual la propia jueza ha señalado en ocasiones que no considera para determinar eventuales responsabilidades en este juicio penal.

Un proceso por el que se sientan en el banquillo de los acusados el maquinista Francisco Garzón y el ex director de seguridad del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), Andrés Cortabitarte.

A ambos se les atribuyen 80 homicidios y 140 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave, por llegar al punto del siniestro con un exceso de velocidad y por la adopción de medidas que mitigasen los peligros a través de un adecuado análisis de los riesgos de la línea, respectivamente.

En la sesión de este martes del juicio, que empezó en octubre con la parte penal y desde febrero afronta la acción civil, con las indemnizaciones que reclaman las víctimas, esta madre ha criticado que el por entonces Gobierno del PP quiso retrasar la publicación del informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA por sus siglas en inglés) que cuestionaba la investigación de la CIAF hasta que pasasen las elecciones generales.

Después de esta “lucha”, el ex jefe de seguridad de la ERA, Christopherr Carr, envió documentos al juez instructor y ha acabado compareciendo en el juicio como perito, donde señaló varias opciones con las que el riesgo de descarrilamiento en la curva se habría eliminado.

Gracias a “la lucha” se supieron también “muchas cosas”, como que el sistema de control de la velocidad ‘ERTMS’ embarcado en el Alvia había sido desconectado. Pero tener que desplazarse, manifestarse, concentrarse y protestar “fue añadir al dolor mucho sufrimiento, sufrimiento moral”, ha hecho hincapié Cristina.

“Uno lo que espera, yo en mi trabajo, cuando hay una negligencia es que asuman responsabilidades y esto es lo que no entiendo aquí”, ha censurado.

Así las cosas, ha concluido que espera “justicia y que se sepa que una vida humana vale más que todos los intereses económicos” de empresas como Renfe y Adif. Ante esto, la jueza le ha indicado que su letrado le puede asesorar sobre “lo que puede esperar de este juicio”.

“TODO ESTO A PULMÓN”

A continuación, Javier Municio, el padre, ha lamentado que después de la tragedia recibieron “un par de llamadas” de Renfe preguntando si necesitaban algo. “Yo le dije que a mi hijo y después ya nos volvieron a llamar”, ha incidido.

“Hemos pasado todo esto a pulmón, sin ayuda de nadie”, ha advertido, en alusión a la falta de apoyo que achacan a las instituciones.

Sin embargo, a renglón seguido se ha corregido: “Bueno, miento, con el apoyo de una familia muy unida y de la plataforma de víctimas, que se ha empeñado en que se sepa la verdad. Pero hubo que hacer tantas cosas”, ha evidenciado.

En este sentido, ha aludido al documental sobre los hechos que se grabó tras un ‘crowdfunding’ impulsado por la asociación, “que se ve en el Parlamento Europeo pero no se permite en la comisión de investigación del Congreso”.

También ha rememorado la moción que llevaron a 200 localidades para reclamar que se constituyese dicha comisión y ha recalcado que “hay dos tipos de responsabilidades: las profesionales y las penales, que se verán aquí”.

Cuando una delegación de víctimas entre las que se encontraba acudió a Bruselas de la mano de la eurodiputada del BNG Ana Miranda, ha agregado, “un mes antes se había cerrado en falso” la instrucción, con el maquinista como único investigado.

“Perdone. Me consta todo eso. Ya ha sido objeto de prueba. Y ahora estamos con su condición de perjudicado. Son más de 50.000 folios de causa a doble cara”, ha avisado en ese punto la jueza.

“Lo que quiero señalar señoría es el dolor que nos ha producido, después, esa lucha. La seguimos manteniendo”, ha replicado García Municio.

“Y la seguirán manteniendo, porque me están dejando claro que no hay sentencia que pueda satisfacerlo de ninguna manera”, ha añadido Fernández Currás.

Asimismo, le ha espetado: “Esto es un juzgado de lo penal. Se debaten las responsabilidades que procedan y todo ese periplo político, todas esas quejas que tienen hacia el trato recibido por instituciones y demás, todo eso queda fuera de mi ámbito”.

“Señoría: ¿sabe usted que hay un contencioso administrativo con un recurso en el Supremo en estos momentos?”, le ha preguntado el compareciente. “Lo sé por comentarios”, ha contestado la jueza.

“Igual tenemos que volver por la aparición de nuevas circunstancias”, ha proseguido él, a lo que la magistrada ha apostillado que espera “no estar aquí”. “Yo a lo mejor no llego, ya llevo 10 años” ha sido la respuesta del padre del chico fallecido.

La titular del juzgado ha apuntado entonces que espera “salir de la mejor manera posible y a ser posible que se resuelva el conflicto”, si bien sabe “que es difícil y que a ustedes no hay dinero que les pague nada”.

“PREFERIRÍA NO HABER SOBREVIVIDO”

La jornada ha proseguido con el relato de un lesionado que ha descrito el dolor tanto físico como psicológico que le produjo el descarrilamiento.

“Me ha fastidiado la vida totalmente. Tengo un sentimiento de culpa por el daño que le he hecho a mis padres”, ha contado, y hasta ha llegado a afirmar que “no quería haber sobrevivido” y que no se siente “afortunado”. “Prefería no haber sobrevivido, hubiese sido muchísimo más fácil”, ha asegurado.