La Fiscalía pide seis años de cárcel para un hombre acusado de un delito contra la sanidad pública al interceptarle droga en un control de seguridad del aeropuerto de Santiago cuando se dirigía a Ibiza.

El caso, que procede del Juzgado de Instrucción No 3 de Santiago de Compostela, se juzgará el 13 de abril en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Según ralata el Ministerio Fiscal en su escrito, sobre las 9,30 horas del día 2 de agosto de 2022, en el aeropuerto de Lavacolla de Santiago, el acusado (con antecedentes penales) fue interceptado en el arco detector de metales de los filtros de seguridad cunado iba a coger un vuelo a Ibiza.

Tras el cacheo, comprobaron que tenía oculto en su ropa interior un paquete, una funda de tela negra que en su interior tenía un envoltorio de plástico que contenía después del análisis pertinente 564.40 gramos dando positivo en cocaína.

Tras el correspondiente examen pericial de la sustancia rocosa de color blanco que el acusado llevaba escondida dentro de su ropa interior, resultaron ser 514,7 gramos de cocaína, con una riqueza en cocaína de 84,5%.

El acusato tenía intención de vender a terceras personas la sustancia, valorada prudencialmente en la cantidad de 31.535,669 euros.

En el momento de los hechos estaba condenado por sentencia firme de fecha de 9 e Abril de 2021 por el Juzgado de lo Penal no 1 de Barcelona por un delito de tráfico de drogas a una pena de un año de prisión, y multa proporcional de 1.300 euros. Pena suspendida por tiempo de 2 años con fecha de notificación de suspensión de 9 de Abril de 2021.

En el momento de la detención, al acusado se le intervinieron 103,36 euros en billetes y monedas de distinto valor; un teléfono móvil de la marca Apple con funda protectora; un ordenador portátil de la marca Apple; dos cargadores y un auricular blanco y su caja. Eran utilizados por el acusado, para facilitar la venta de la sustancia estupefaciente y el dinero obtenido con esta venta.

Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud previsto.

Por ello, piden para el acusado una pena de seis años de prisión y una multa de 64.000 euros, así como la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 12 meses. Asimismo, solicitan el abono de costas procesales.