El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por "unanimidad" mantener la suspensión de los preceptos impugnados por el Gobierno central de la legislación gallega sobre zonas costeras aprobada el año pasado, ha informado este jueves la citada jurisdicción.

El TC indica en un comunicado que el pleno de ese tribunal ha acordado unánimemente mantener la suspensión solicitada por el Gobierno central, que alega que la legislación gallega sobre ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, adoptada en julio pasado, invade sus competencias.

En su decisión sobre el recurso de inconstitucionalidad, el TC indica que "toma en consideración la viabilidad de las impugnaciones" en base a "la salvaguarda del interés ecológico y medioambiental" por considerar que "merece la condición de interés preferente, dada la fragilidad e irreparabilidad de los perjuicios que se podrían producir en caso de su perturbación".

El TC indica en un comunicado que "ha valorado el impacto que la regulación de la ley gallega va a suponer sobre el dominio público marítimo terrestre".

El pasado 24 de octubre el TC admitió a trámite un recurso presentado del Gobierno central que ya suspendió parte de la legislación gallega, relativa a construcciones en terrenos costeros, por considerar que invadía sus competencias.

El recurso fue presentado por el Gobierno central contra los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre medidas fiscales y administrativas y el TC lo admitió a trámite y decidió, como medida cautelar "suspender" parte de dicha legislación autonómica.

La normativa gallega establece un plazo de 15 años de "prescripción" para restablecer a su estado anterior o indemnizar por los efectos de las construcciones que invadan terrenos del dominio público marítimo-terrestre por "obras o actuaciones contrarias a la legalidad".

En ese sentido, la legislación gallega añade que "se considerarán finalizadas aquellas construcciones que aparezcan reflejadas en las fotografías del vuelo de costas 1989-1991, recogidas en el Plan nacional de ortofotografía aérea histórico".

El Gobierno central considera que varios artículos de la citada norma podrían vulnerar las competencias estatales para determinar el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre además de la legislación básica en materia de protección del medio ambiente litoral.