12º-13º
miércoles | 25 diciembre | 2024
El general Augusto Pinochet, quien encabezó durante 17 años una cruenta dictadura en Chile, fue detenido hace hoy 25 años en Londres tras una orden de captura emitida por el juez español Baltasar Garzón, hecho que desató una tormenta política en el país sudamericano y contribuyó a cambiar la aplicación del derecho penal internacional en el mundo.
Hasta entonces, Pinochet aún detentaba enorme influencia en Chile: en marzo de 1998 había dejado la Comandancia del Ejército para pasar de inmediato a enquistarse como senador vitalicio, escaño al que llegó sin votación popular y en el que gozó de fueros y beneficios políticos, mientras se le acusaba de crímenes contra la humanidad.
Su arresto en Inglaterra, a donde viajó para hacerse una intervención médica, se extendió por 503 días y terminó con un escandaloso regreso a Chile luego de que fingiera problemas de salud y apelara a su inmunidad como senador, evitando la extradición a España.
“El Chile del que salió Pinochet y al que volvió 500 días después tras ser detenido en Londres ya no era el mismo”, dijo en una reciente entrevista con Efe el ex juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón.
Y es que la sacudida no solo afectó el terreno político chileno, sino que produjo cambios en un Poder Judicial que hasta entonces, dicen expertos, estaba “empantanado” en los casos de violaciones a los derechos humanos, aplicando la Ley de Amnistía y la prescripción de crímenes cometidos por agentes del Estado.
“Su detención significó un gran avance en la lucha contra la impunidad en Chile. En adelante, los tribunales del país empezaron a resolver estos casos, aplicando tratados internacionales y avanzando en la sanción de los criminales de lesa humanidad”, dijo a Efe el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.
Además, esta organización reconoce en el arresto de Pinochet un cambio en la “aplicación e interpretación del derecho internacional en materia de derechos humanos, reafirmando principios fundamentales como el alcance de la jurisdicción universal y la ausencia de inmunidad para los exjefes de Estado acusados de delitos como tortura y crímenes de lesa humanidad”.
Al momento de ser detenido en la London Clinic, Pinochet no contaba siquiera con el apoyo de la derecha internacional más dura, con excepción de la ex primera ministra de Reino Unido, la conservadora Margareth Thatcher, quien fue personalmente a agradecerle por el apoyo de Chile a sus fuerzas durante la Guerra de Las Malvinas contra Argentina.
La detención supuso una prueba de fuego para la Justicia británica y su tan defendida imparcialidad, pero también para el Gobierno laborista de Tony Blair y su titular de Interior, Jack Straw.
Después de una larga batalla judicial, Pinochet fue liberado el 2 de marzo de 2000 por decisión de Straw, quien tenía la última palabra tras la extradición decidida por los tribunales británicos, por considerar que el general no estaba en condiciones de ser juzgado por razones de salud.
En el polémico retorno del exgeneral a Chile también jugó un papel protagónico la Concertación, el conglomerado de centro izquierda que lideraba la transición del país e hizo gestiones para evitar que Pinochet fuera juzgado en el extranjero.
“Esa idea de defender lo jurisdiccional respecto de que en Chile era posible que fuera juzgado fue un gran error visto con los ojos de hoy, porque desvirtúa la defensa de los derechos humanos”, dijo a Efe el historiador y académico de la Universidad Diego Portales, Cristán Pérez.
Pinochet llegó al poder tras un cruento golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, inaugurando 17 años de dictadura que dejaron un saldo de decenas de miles de torturados y más de un millar de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.
Paralelo al despliegue represivo más grande que ha conocido el país sudamericano, concentrado en la oposición de izquierdas, Pinochet instauró además un modelo económico ultraliberal e impulsó la privatización de servicios básicos como la educación, la salud, las pensiones y el agua.
A la fecha, con esta efemérides prácticamente inadvertida para la opinión pública chilena, el país cursa un proceso constitucional que ya lleva cuatro años sin éxito, un intento por dejar atrás la Constitución de 1980 -reformada en múltiples artículos en 2005- y cuya dirección hoy está bajo el control del ultraderechista Partido Republicano.
