16º-18º
sábado | 30 noviembre | 2024
La junta militar en el poder en Birmania (Myanmar) está abierta a permitir que la depuesta líder Aung San Suu Kyi regrese a su casa para cumplir sus condenas, una vez terminen todos los procesos abiertos en su contra, por los que ya acumula penas de 17 años de cárcel, según afirmó su líder, el general Min Aung Hlaing.
"Dependiendo de las circunstancias después de la conclusión del proceso judicial (en su contra), consideraremos cómo proceder", declaró el general Min Aung Hlaing ante la petición de la enviada especial de Naciones Unidas, Noeleen Heizer, de permitir a la depuesta líder regresar a su hogar y mantener una reunión con ella, publicó este sábado el diario oficialista Global New Light of Myanmar.
La petición de la enviada especial de Naciones Unidas sobre Suu Kyi, encarcelada desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, se produjo durante su encuentro el miércoles en Naipyidó con el general Hlaing.
En un movimiento insólito y como respuesta al comunicado de la ONU tras la reunión, que considera "partidista", la junta publicó hoy en los medios oficialistas la supuesta reproducción íntegra del diálogo mantenido entre Hlaing y Heizer.
Pese a la miríada de casos en contra de Suu Kyi, incluidas acusaciones graves de corrupción, el general Hlaing consideró que las autoridades birmanas han sido "indulgentes" con ella y afirmó que de haber atendido a sus peticiones de afrontar el supuesto fraude electoral que motivó el golpe militar de febrero de 2021, "la situación actual no habría ocurrido".
Los diversos juicios contra Suu Kyi, que su equipo legal ha descrito como una fabricación de la junta militar, se llevan a cabo sin ninguna transparencia, con el acceso a los periodistas vetados y con la prohibición de que sus abogados hablen con la prensa.
Durante el diálogo, en que Heizer y Hlaing dieron un repaso a los problemas de Birmania en el último año y medio, la enviada especial de la ONU también pidió la liberación del economista australiano Sean Turnell, exasesor económico de Suu Kyi y encarcelado días después del golpe de Estado.
"Si el Gobierno australiano da pasos positivos no necesitaremos tomar acciones severas. En el caso del señor Turnell las pruebas muestran que se podrían imponer penas severas", respondió Hlaing sobre el economista, acusado de violar la ley de secretos oficiales.
La enviada especial de la ONU, quien según el diálogo reproducido por los medios birmanos describió al general Hlaing como "una persona de buen corazón", también le pidió el fin de los bombardeos aéreos y la quema de pueblos, denunciados por varios organismos, algo que el militar negó alegando que siempre se han dirigido los ataques contra los insurgentes.
En cuanto a las recientes ejecuciones de cuatro activistas, las primeras llevadas a cabo en el país en varias décadas, Hlaing se escudó en el cumplimiento de la ley y alegó, sin especificar, que "algunos de ellos han matado a cuatro, cinco o seis personas".
Hlaing afirmó estar "allanando el camino para una democracia multipartidista", destacó sus conversaciones de paz iniciadas este año con varios grupos étnicos armados y pidió a la ONU que tuviera en cuenta la "estabilidad" que, a su juicio, la junta militar ha logrado en el país.
El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 2.227 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han llegado a disparar a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según los datos recabados por la ONG birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
