El Gobierno británico ha recurrido al Ejército para hacer frente a la crisis migratoria en el canal de la Mancha, tal y como señala un documento firmado por el primer ministro, Boris Johnson, y que deja en manos del Ministerio de Defensa las operaciones en la zona.

El organismo confirmó así que el Gobierno está analizando todas las posibilidades para evitar que se produzcan más cruces en el Canal, si bien el Ministerio del Interior ha comenzado a introducir cambios a largo plazo, según informaciones del diario “The Times”.

Los laboristas, no obstante, han criticado la decisión y han acusado al “premier” de querer “tirar balones fuera” y “desviar la atención del caos que ha formado” a raíz de las fiestas organizadas por Downing Street durante la pandemia de coronavirus.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos han calificado la decisión de “cruel e inhumana”. Un portavoz del Ministerio de Defensa señaló que el número de personas que siguen cruzando el Canal es “inaceptable” y ha alertado de que estas acciones llevan a pérdidas de vidas humanas. “Tenemos que pararlos”, dijo.

El pasado mes de noviembre, 27 personas naufragaron cuando trataban de llegar a las costas británicas procedentes de Francia. “Las Fuerzas Armadas están trabajando con la Fuerza Fronteriza para llevar a cabo operaciones en el Canal. Lo correcto es perseguir todas las opciones posibles para prevenir cruces ilegales y proteger la vida en el mar”, aseveró Johnson.

Fracaso

Por otra parte, la ministra del Interior en la sombra, Yvette Cooper, lamentó que el Gobierno haya fracasado a la hora de “tomar medidas prácticas y contundentes junto a Francia para detener la crisis”.

“En vez de eso, parece que Boris Johnson utiliza la situación para buscar titulares y distraer la que tiene liada en Downing Street”, indicó antes de recordar que el Gobierno ya desplegó a la Armada para realizar labores de patrulla en el Canal hace tres años. “No interceptaron ni un solo barco y se gastaron 870.000 libras (cerca de 1 millón de euros). Deberían explicar qué ha cambiado ahora”, afirmó.

Además, la verdadera ministra de Interior del Reino Unido, Priti Patel, afirmó en el Parlamento que reforzará la legislación sobre seguridad nacional para evitar “interferencias extranjeras” en la política británica. Patel intervino en la Cámara de los Comunes para explicar la alerta lanzada la semana pasada por la agencia de inteligencia MI5 sobre las actividades de una mujer con estrechos vínculos con diputados británicos que promovía los “intereses de las autoridades chinas”.

La abogada anglochina Christine Lee donó casi 600.000 libras (unos 700.000 euros) a la oficina del diputado laborista Barry Gardiner, según han revelado medios del Reino Unido.

La ministra de Interior sostuvo hoy que su objetivo era “hacer que el escenario político británico fuera favorable a los intereses de las autoridades chinas”.

En particular, las actividades de la abogada, que en 2019 recibió una distinción por parte de la entonces primera ministra, la conservadora Theresa May, pretendían aplacar las críticas hacia el Gobierno chino en cuestiones como los derechos humanos, dijo Patel. Lee estaba vinculada al Departamento de Trabajo de Frente Unido, dependiente del Partido Comunista de China, pero ni ella ni las autoridades se habían expresado “de forma abierta sobre la naturaleza de esos vínculos”, criticó la ministra de Interior.