El Consejo de Ministros aprobó este martes la penúltima promesa de Pedro Sánchez. El presidente se comprometió el fin de semana en un mitin a poner en el mercado 50.000 viviendas de la Sareb, el llamado “banco malo”, para alquiler social o a precios asequibles. Pero, como casi todo lo que promete este Gobierno la oferta tiene truco, ya que ahora mismo la Sareb apenas tiene 9.000 viviendas a las que se podría entrar a vivir y “casualmente” no están ubicadas en las zonas tensionadas, precisamente las que presentan por precio más problemas para conseguir una casa. Otras 7.000 viviendas están ocupadas ilegalmente y no se sabe muy bien cuántos de esos “ocupantes” serían considerados personas vulnerables y por tanto podrían ser legalizadas y pagar un alquiler social.
 

Pero, no son estas las únicas objeciones que presenta el plan de Sánchez. Varias entidades financieras siguen siendo accionistas de la Sareb. ¿Está el Gobierno diciendo que va a expropiar los activos de estos bancos? Además, ¿está dispuesto el Gobierno a rescindir los contratos que Sareb tiene hasta 2025 con las inmobiliarias a las que adjudicó la gestión y venta de 9.000 viviendas? 
 

A modo de resumen, se puede asegurar que entre las viviendas habitadas de una forma u otra y las 21.000 disponibles para poner en el mercado, la Sareb cuenta únicamente con 35.000 viviendas, lo que supone el 70% de las viviendas anunciadas por Sánchez que se van a poner en el mercado como vivienda pública. Parece que el resto se fía a la construcción de las 15.000 casas que faltarían para completar la cifra redonda de 50.000. Actualmente se está identificando el suelo disponible, digamos que está en estudio y, por tanto, podrían tardarse varios años en construir y poner en el mercado.
 

La promesa, que por cierto ya fue anunciada siendo ministro del ramo José Luis Ávalos hace al menos 2 años, es hoy por hoy una quimera y sobre todo un señuelo de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Parece que el Gobierno, al calor de las malas encuestas, está dispuesto a sacarse de la manga promesas que casan con problemas de los ciudadanos como la escasez de agua, los precios o la vivienda, pero que en su letra pequeña son medidas que lejos de solucionar los problemas los agravan o sencillamente son propaganda, brindis al sol que acabarán defraudando como todas las cosas que se han puesto en marcha ya y no funcionan.