España sufre serios quebrantos en su trayectoria democrática. Los ‘casos Ponsatí’ y ‘Pérez de los Cobos’, aparentemente nada que ver entre ellos, tienen, sin embargo, un nexo común: el debilitamiento de la Justicia a manos de un Ejecutivo poco respetuoso -por decir lo menos-- con formas y fondos.
 

Hay un nexo de unión entre los dos casos más descollantes todavía hoy en los medios de comunicación: tanto la llegada inesperada a Barcelona de la fugada señora Clara Ponsatí como la decisión judicial de readmitir en su puesto al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos son sendas bofetadas al Tribunal Supremo, en el que es el mayor enfrentamiento en democracia entre el Ejecutivo y el máximo poder Judicial. Clara Ponsatí no podría haber completado el desafío al Estado que supuso su jaleado (y breve) retorno si el Ejecutivo no hubiese desvirtuado por completo, con la reforma del Código Penal, los términos de la sentencia del Alto Tribunal contra los implicados en el ‘procés’.
 

Eso, en el ‘caso Ponsatí’. Y, respecto al otro asunto, no recuerdo un precedente en el que un ministro, y encima del Interior, haya dado un varapalo tal a una sentencia del Supremo, que anule la destitución del coronel decidida por el propio Marlaska. Pero, indiferente a ello, y aun sin conocer los términos de la sentencia al completo (que aseguran que va a ser un varapalo en toda regla a la decisión del ministro contra el coronel), el señor Grande-Marlaska aseguró, enmendando la plana al Tribunal, que los motivos para la destitución de Pérez de los Cobos “se mantienen”; ahí va eso, diga lo que diga la Sala Tercera.
 

Estos dos episodios, distintos y ya se ve que no tan distantes en algunos puntos, evidencian el escaso respeto del Ejecutivo hacia el Supremo, que ha debido tragarse en silencio el desmontaje de la sentencia del TS de octubre de 2019, condenando a Junqueras y a otros ocho implicados a penas de entre nueve y trece años de prisión, de la que salieron tres años después merced a un indulto del Gobierno.
 

Una suerte, la del cumplimiento de tres años de cárcel y el posterior indulto, que sin duda hubiesen compartido otros implicados en el ‘procés’ y, por tanto, en lo que entonces era sedición y malversación, como Puigdemont, Comín, Puig, Marta Rovira o la propia Ponsatí si no hubiesen huido antes del juicio. Las dos últimas, en todo caso, no están acusadas de malversación, por lo que, de acuerdo con la reforma del Código Penal emprendida a finales de 2022, que hizo desaparecer el delito de sedición, no tendrían que ingresar en la cárcel. Que es lo que ha ocurrido con Clara Ponsatí, que fue retenida en Barcelona unas horas antes de regresar, tranquila y triunfante, a Bruselas como europarlamentaria, con la mala imagen que todo ello comporta para nuestro país.
 

Pienso que, con todos sus tintes rocambolescos en el caso de la eurodiputada y con los toques de ‘vendetta’ casi personal que alumbran en el ‘affaire’ sufrido por el coronel de la Benemérita, en ambos se puede apreciar un toque de desprecio a las decisiones de la más alta magistratura. Ni el Ejecutivo podría haber enmendado de la manera que lo hizo el código Penal ni un ministro de ese Gobierno puede revolverse y encogerse de hombros ante una sentencia del Supremo, por mucho que esta le contraríe. Son dos muestras patentes del caos que impera en las relaciones entre la Justicia -de cómo se hizo la renovación del Tribunal Constitucional y de la no renovación del Consejo del Poder Judicial ya ni hablamos_y un Ejecutivo que comenzó con mal pie en este terreno ya en 2018, nombrando fiscal general del Estado a la que había sido hasta una semana antes ministra de Justicia.