La ministra de Hacienda reunió el lunes a las Comunidades Autónomas para señalarles el camino de las cuentas públicas el próximo año. Sin la presencia del representante de Cataluña que ya sabemos y así nos lo recuerdan cada día negocia de forma bilateral, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera puede resumirse en una frase: yo gobierno me lo he gastado y tú CC.AA. te aprietas el cinturón.
María Jesús Montero, ante las protestas de los 14 consejeros del ramo gobernadas por el PP, sacó lo peor de si misma y en plan matona amenazó con mano más dura aún. La cuestión es que presentó un plan de reducción del déficit que básicamente supone que mientras la administración central podrá llegar al 3% de déficit en sus cuentas las Comunidades Autónomas apenas podrán cerrar el año con un 0,1% y si no les gusta o no le parece bien os impongo un 0% es decir, tenéis que cerrar el año con equilibrio presupuestario.
Obviamente, las comunidades gobernadas por el PP no sólo protestaron, sino que le avanzaron a la ministra su capacidad de veto en el Senado a esta propuesta de senda de gasto e ingresos, lo que fue replicado por Montero con imponerles ese 0% al que se comprometieron con Bruselas. Y es que el Gobierno sabe que las posibilidades de ese veto son muy escasas y que lo que propone son lentejas. Eso sí de ofrecerles un acuerdo como el que han llegado con Cataluña sobre el perdón de una parte de la deuda acumulada nada de nada. Y eso a pesar de que algunas como la Comunidad de Madrid ni siquiera acudieron en su día al fondo creado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro para hacer frente al pago de proveedores.
El acuerdo por todas estas razones está realmente difícil. Montero dejó claro que tiene la sartén por el mango y el lunes quiso que la desigualdad de trato con Cataluña y con la propia Administración Central a la hora de repartir los ajustes quedara patente. Claro que peor panorama se les presenta a los ayuntamientos a los que se les exigirá no que puedan cerrar las cuentas con un pequeño déficit, sino que tendrán que conseguir hacerlo con un superávit del 3%.
Veremos cómo acaba todo este asunto y si realmente comunidades y entidades locales pueden sacar algo distinto a Montero.