El Gobierno aprobó esta semana el techo de gasto, la base donde se anclan los Presupuestos Generales del Estado que intentará aprobar hacia febrero-marzo del año próximo. La previsión que el gasto público siga escalando hasta el punto de que marca un récord, casi 200.000 millones de euros. Poco importa la presión que el gasto ejerce sobre la inflación o la necesidad de ingresos para llegar a un déficit público en el entorno del 3% del PIB. De hecho, la ministra Montero nos cuenta que la recaudación será de prácticamente 24.000 millones más que el año anterior. Nada se sabe de las medidas anticrisis que vencen el 31 de diciembre. Parece que se retirarán y que volverán a ser un maná de ingresos para el Estado y una cruz para los ciudadanos que verán cómo sus recibos de luz y gas o los alimentos básicos vuelven a los tipos de IVA anteriores elevando sus facturas y poniendo aún más en riesgo sus posibilidades de llegar a fin de mes.

La paradoja es que, si el discurso oficial asegura mes tras mes que la economía va como una moto, el empleo sólo da alegrías y todo el mundo está en la calle gastando como si no hubiera un mañana, las medidas deberían retirarse porque se ha conseguido el objetivo y aquí paz y después gloria. Sin embargo, la realidad es que la creación de empleo se está ralentizando, cientos de miles de trabajadores tienen dos empleos para llegar a un sueldo medianamente digno, la pobreza infantil se ha extendido como la pólvora poniendo a España en el top europeo, somos el cuarto país de la OCDE donde más han subido los impuestos, la pérdida de competitividad es la mayor en 5 años y dos de cada tres españoles consumirá menos estas fiestas. Así que si se retiran millones de españoles lo van a pasar peor aún. Los precios de los alimentos no dan tregua y los expertos auguran un principio de año con precios desbocados de la luz y el gas. Cierto que la vuelta a tipos altos de IVA le proporcionaría a Hacienda unos ingresos suculentos, por ello la decisión de su retirada es tan controvertida.

Lo que está claro o al menos eso piensa la AIReF es que el plan de aumentar el gasto público y reducir tímidamente el déficit está fuera de lo marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y no cuenta con unas previsiones macroeconómicas. Vamos, que hemos asistido a un paripé que tendrán que corregir y ampliar en los próximos meses. Entonces veremos si lo que quiere el Gobierno es gastar, gastar y después gastar a costa de seguir subiendo los impuestos.