Las pequeñas y medianas empresas en España representan más del 90% del tejido productivo y millones de puestos de trabajo. Sin embargo, el Gobierno no solo hace caso omiso de sus problemas, sino que los agrava con muchas de las decisiones que toma. La consecuencia es la desaparición de muchas de ellas, casi 2.500 en los últimos tres años y medio, la caída de la productividad, que se sitúa aún en niveles anteriores a la pandemia, y la abrupta subida de sus costes en un 22% con relación a 2019. A estos problemas, según un informe publicado este lunes por la patronal CEPYME, hay que añadir los costes de financiación o el aumento de la morosidad lo que les complica la posibilidad de invertir y daña su competitividad.

Otro punto a tener en cuenta, además de las consecutivas alzas en el Salario Mínimo, es que no han recibido los prometidos fondos europeos para su modernización y digitalización. Muy al contrario, se ven envueltas en una maraña de burocracia y de todo tipo de normas que acaban incrementando unos costes que muchas no pueden asumir. Por si todo esto fuera poco, ahora el Gobierno está planteando la reducción de la jornada laboral. Cierto que las negociaciones encuentran escollos, pero el aviso de tomar la medida aún sin el apoyo de los empresarios preocupa y mucho. Es fácil advertirlo si tenemos en cuenta como hemos dicho anteriormente que centenares de miles de empresas en España apenas tienen entre 1 y 5 trabajadores, lo que obviamente complica poder llevar a cabo esa jornada reducida y ya no digamos una semana de 4 días pagando el mismo salario.

Ya el pasado julio, la organización elaboró un manifiesto por la libertad de empresa a la vista de las políticas gubernamentales. “Estamos sufriendo, decía, un ataque injusto que lesiona nuestros derechos amparados por la Constitución y porque es mala para nuestro país”. Las pymes se quejan del intervencionismo del Gobierno, de la estigmatización de los empresarios, la sobrerregulación, el intento de control de las empresas, la intervención salarial, los costes laborales o los impuestos. Y no les falta razón a la vista de los datos puestos encima de la mesa sobre productividad y cierre de empresas. Sin embargo, desde el Ejecutivo parecen empeñados en obviar que el sector privado, especialmente pymes y autónomos, generan riqueza y empleo por lo que necesitan una mayor atención para seguir en pie.