No parece suficiente que, después del rechazo de Junts al dictamen de la ley de amnistía, todos los actores interesados en fletarla cuanto antes (PSOE, independentistas, Sumar, Podemos) tengan la voluntad de hacerlo ya, en la Comisión de Justicia que la mesa del Congreso convocaría para el martes que viene, superada ya la meta volante de las elecciones gallegas del domingo.

Las negociaciones no se han interrumpido, en secreto, como de costumbre. Lo que filtran ambas partes emite el mismo mensaje: “habrá ley de amnistía” y “será “integral”. Para generales y soldados. Sin exclusiones. Con el reciente añadido de algunos responsables del “proces” se queda fuera porque le afectan las excepciones, el Gobierno los indultaría.

Esa es la banda sonora de los negociadores en vísperas de las elecciones gallegas y de un previsible acuerdo, una vez incluidos ciertos retoques al texto de la proposición de ley en la que, de todos modos, se mantienen las mismas excepciones a la aplicación de este derecho de gracia (supuestos de terrorismo, alta traición y malversación de fondos públicos).

Otro sonido de muy distinta partitura se ha sobrepuesto a la que trasladan los portavoces del PSOE y de Junts sobre la inminencia de un acuerdo y la seguridad de que “habrá ley de amnistía”. 

Me refiero al discurso del Rey, el miércoles pasado en Barcelona, durante el acto de entrega de despachos a los 160 nuevos miembros de la carrera judicial (119 mujeres y 41 hombres, dicho sea de paso).

Todos los medios coronaron sus piezas informativas con las palabras del Rey sobre la independencia judicial y la importancia de la separación de poderes como “esencia del Estado de Derecho”. El mensaje desborda el lugar común de un dogma civil que nadie discute. La praxis es otra cosa. Pero, en cualquier caso, no deja de ser una obviedad.

En cambio. Menos eco ha tenido lo que, a mi juicio, fue más relevante en el discurso: su alusión a la condición “europea” de los jueces españoles. 

Con esa referencia Felipe VI nos recuerda que la legislación europea, a la que está subordinada la nuestra, es la verdadera muralla que habrá de superar la ley de amnistía, tal y como quieren que se aplicase los ganadores de la investidura de Sánchez tras las elecciones del 23 de julio.

Una muralla “insalvable”, en generalizada opinión de los juristas que, por ejemplo, ven en la llamada “cuestión prejudicial” ante el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea (la que cuestiona si una determinada norma Legislativa de un país miembro es total o parcialmente compatible con el derecho europeo) la vía capaz de paralizar la aplicación de la ley, incluso antes de que nuestro el Tribunal Constitucional resolviera los eventuales recursos de inconstitucionalidad que pudieran presentarse una vez publicada la ley en el Boletín Oficial del Estado.