Que el fenómeno de la “okupación” es un efecto perverso de la burbuja inmobiliaria de 2007 lo explica muy bien Carmen Trilla, exdirectora general de la Vivienda de la Generalitat entre 2004 y 2011. Aquel fiasco generó más de un millón de viviendas vacías y, en paralelo, casi un millón de familias sin techo. Y esa es la espiral que los poderes públicos deben detener, según el emplazamiento que Trilla hace desde un periódico de ámbito nacional.

El argumento de partida no puede ser más acertado. Nos remite al frenesí inmobiliario que generó la política liberalizadora del suelo desplegada por el Gobierno del PP a finales de los noventa del siglo pasado (“España va bien”. Sobre todo, si sobre él proyectamos la carga de la prueba en nombre de las familias vulnerables y las personas realmente necesitadas, incluidas las que han sido desahuciadas por impago).

Harina de otro costal es esa parte de la “okupación” que, al hilo del discurso de Carmen Trilla, ha banalizado el fenómeno hasta convertirlo en un puro y duro supuesto de delincuencia común. A saber: allanamiento de morada y usurpación del “derecho de uso” de una propiedad privada. Entonces no vienen a cuento las apelaciones a la desobediencia civil o la resistencia frente a la injusticia social, tan recurrentes el discurso populista de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La alusión no es arbitraria. Hablamos de una “ex okupa” (deshabitado cuartel de la Guardia Civil de la Barceloneta, antes de ser alcaldesa) que politizó el asunto como activista anti-desahucios y ahora se desentiende de la “desokupación” porque no es competencia municipal.

Justamente todo esto ocurre cuando ha saltado a los telediarios el caso de la Bonanova, que es un barrio rico de Barcelona infiltrado por “okupas” al grito de “Vuestro lujo es nuestra miseria”. Pero no se trata de indigentes o familias vulnerables sino de una extraña mezcla de marginales, drogotas, chulos de barrio, desarraigados, tribus urbanas e inmigrantes sin papeles. Todos ellos con mucho tiempo libre para jalear el pensamiento del anarquismo fundacional de Proudhon (1809-1865) que convirtió un oxímoron en santo y seña del anarquismo fundacional: “La propiedad es un robo”. Ergo, el delincuente es el propietario y no el confiscador de la vivienda. Acabáramos.

Esta inesperada ideologización de un delito común (allanamiento de morada), arropada por los defensores de la violencia civil como una forma de avanzar en materia de derechos humanos (véase discurso de Iglesias Turrión, líder en la sombra de Podemos), está generando la mirada distraída de mentes sensibles frente a grandes propietarios o entidades bancarias dueñas de viviendas vacías por desahucios previos. Pero conviene distinguir entre estado de necesidad y delincuencia común.