La escasez de viviendas nuevas y usadas –faltan 600.000 según el Banco de España–, tanto para la venta como para el alquiler, es un problema acuciante que tiene nuestro país. Hay un desequilibrio entre oferta y demanda, se disparan los precios que imposibilitan comprar o alquilar, sobre todo a los jóvenes, aumenta el número de personas sin hogar... La situación habitacional está alcanzando niveles críticos porque este sector lleva paralizado desde la “burbuja inmobiliaria del crédito” y hoy vive la “burbuja de la escasez y precios” prohibitivos.

Al Gobierno y al Partido Popular les entraron las prisas ahora para hacer frente a este problema y acaban de presentar, casi al mismo tiempo, sendos “planes de vivienda” con coincidencias entre ambos. Comparten el diagnóstico del problema y algunos objetivos, como la necesidad de aumentar la oferta, el afán por ayudar a los jóvenes, que están en situación límite, y la necesidad de medidas para aumentar la oferta del alquiler a precios asequibles, incluyendo incentivos para los propietarios.

Difieren en el enfoque para hacer frente a la okupación –el Gobierno no incluye medidas específicas, el Partido Popular propone un plan para abordar este problema–; en la regulación de precios y de la burocracia, así como en los incentivos fiscales –Feijoo promete recuperar la cuenta vivienda– y en el distinto enfoque a la colaboración público-privada. Diferencias que son reflejo de las dos formas que tienen para abordar la crisis habitacional en España.

Lo cierto es que la vivienda es una gran preocupación porque afecta al proyecto vital de muchas personas, sobre todo de los jóvenes. Con frecuencia se habla de la necesidad de pactos y acuerdos para abordar los problemas del país –educación, sanidad, pensiones, empleo…– y a día de hoy, si hay algún Pacto de Estado necesario y urgente entre las administraciones implicadas, que son todas, es el pacto por la vivienda. Sostienen fuentes del sector que nada saldrá adelante sobre vivienda sin el acuerdo y la acción conjunta de los partidos y las administraciones. Todo lo demás son ruido y ganas de perder el tiempo

¿Por qué los dos partidos mayoritarios –y todos los demás– no firman ese Pacto, ajustado a las necesidades del país y a la realidad del mercado, incorporando las fortalezas de sus planes partidarios? La política tiene como finalidad mejorar la vida de la gente y la primera mejora que deberían contemplar ahora es crear las condiciones necesarias para habilitar suelo, realizar proyectos, buscar fuentes de financiación y construir viviendas de promoción pública –e impulsar la iniciativa privada– a precios razonables para hacer realidad un derecho constitucional.

Claro que, para empezar a construir, es determinante la obtención de licencia de obras   que otorgan los concellos. Requisito esencial que merece otro comentario.