Lo malo que tiene la simulación de un drama es que puede convertirse en comedia. Lo hemos visto cientos de veces en cine y en teatro. El espectador capta la impostura y se acaba partiendo de risa. Solamente los buenos actores pueden evitarlo. Y no es el caso de la eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, y su peculiar abogado, Gonzalo Boye.
La antigua consejera de Educación en el Govern de Puigdemont, huida de la Justicia tras los hechos delictivos de 2017 (fallido intento secesionista de Cataluña), ha fingido un martirologio de fin de semana. A sabiendas de que está procesada por un delito sin pena de cárcel (desobediencia), se presentó en España para montar un número mediático con su detención policial en plena calle. Conseguida la foto necesaria para arremeter por enésima vez contra el represor Estado español, se volvió libremente por donde había venido, solo con la obligación de estar localizable.
En cualquier caso, la intencionalidad de su calculado viaje a España, donde estaba vigente la consabida orden de detención del juez Llarena, no ha tenido al Estado como blanco preferente de sus críticas. Todo lo que ha hecho y dicho durante su breve estancia en Barcelona nos remite al choque de la izquierda nacionalista, con la que su partido (Junts) se disputa la primacía del independentismo y la primera línea de batalla contra el Estado.
En ese devaluado tablero político hay que encajar el episodio marcado por el enfrentamiento ERC-Junts en medio de la penosa digestión del fallido “proces”. El independentismo le echó un pulso al Estado y perdió por goleada. Hoy por hoy es un movimiento desorientado, falto de objetivos, huérfano de líderes y, como aspiración de la sociedad catalana, a la baja en todas las encuestas. A tal punto que el pujolismo está renaciendo sobre las cenizas del intento golpista de octubre de 2017. Entre otras cosas, ay, gracias a la “policía patriótica” del exministro Fernandez Díaz.
En contra de ciertos estados de opinión creados contra el Gobierno de Sánchez, más allá del indulto a los condenados del “proces” y la despenalización de la sedición, tampoco es que la alianza oportunista de Moncloa con la ERC de Oriol Junqueras que gobierna en la Generalitat haya reanimado el movimiento separatista. La llamada “mesa de diálogo” pactada entre el Gobierno y la Generalitat está en la nevera. Ninguna de las partes quiere reactivarla en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas. Y esa es la prueba de que las dos tienen mala conciencia respecto al respaldo popular de los indultos, la reforma del Código Penal, la batalla lingüística o los numeritos de circo de Ponsati en Barcelona y Puigneró en su gira latinoamericana, donde el exvicepresidente del Govern convierte su tronante hispanofobia en un sainete similar al de su compañera de partido.