Es ético y leal, para con su Nación y su pueblo, que el presidente de su Gobierno pacte con quienes quieren vulnerar su soberanía y hacerla pedazos, y a los que previamente ha librado de la cárcel con un indulto político, una “rebaja” del delito de Secesión para que puedan repetir cuando quieran, y sin costes penales, sus hechos y asonadas anticonstitucionales? ¿Puede un líder de la oposición, que aspira a gobernar en el futuro, pactar al tiempo, con quien está perpetrando lo anterior, acuerdos determinantes en materia de esa misma Justicia a la que van a dejar malherida y maniatada? ¿Puede pactarse con quien ofrece a los separatistas de hoy, y a los de mañana, poco menos que inmunidad y oferta trato de favor, y a la carta, a un expresidente de la Generalitat prófugo desde hace cinco años? 
 

Hagámonos primero, y antes que nada, estas preguntas y tras contestarlas, algo que parece ser lo único que no quiere hacerse y de lo que huyen espantados los trompeteros mediáticos, mi respuesta personal es un NO mayúsculo, es cuando puede entrarse a valorar y escrutar en lo sucedido en estos días previos a este día de los difuntos que enterró el pacto de renovación de las más altas instituciones del tercero de los poderes de nuestra democracia, el Poder Judicial. O lo que también puede decirse, desenterró la trampa montada por Sánchez para cazar a Feijóo y meterlo en la misma jaula que a ERC y el resto de secesionistas patrios, que haberlos “haylos”.
 

Me quedo con los hechos. Gobierno y Partido Popular comienzan a negociar la renovación de Consejo General de Poder Judicial y de otras instituciones con ello relacionadas. Hay dos premisas, hacerlo con urgencia pues lleva pendiente años, y , aunque a regañadientes por parte gubernamental, pero como condición del PP y por indicación de la UE, la forma de elección futura, despolitizándola en todo lo posible, de esos jueces por los propios jueces.
 

Según hemos ido sabiendo, la negociación avanzaba y parecía que llevaba camino de poder concluir en un breve plazo. El Gobierno dice que estaba ya para la firma, aunque el PP asegura que faltaban flecos importantes. En cualquier caso, estaba encarrilada. Y es aquí cuando la más lenguaraz de las ministras socialistas, sede parlamentaria, en el debate presupuestario, destapa que tienen encarrilado ya también con los separatistas el reformar, que eso en lenguaje normal viene a ser convertir en nada, el delito de Sedición, que es lo que ERC exige para votarlos. Que llevan, para que nos entendamos los de a pie, ya su tiempo negociándolo a escondidas.