El ministro de la Seguridad Social junto con la vicepresidenta económica son dos de los llamados “activos electorales” por el presidente del Gobierno. Es lo que nos está contando estos días Pedro Sánchez. Sin embargo, un repaso a su actuación durante la legislatura nos lleva directamente a la opinión contraria. José Luis Escrivá, que venía de presidir la AIReF, acaba de recibir un varapalo de esa misma institución de los que hacen época. Recuerdo cuando en una rueda de prensa hace ya más de tres años el ministro nos aseguró que ponía en marcha una ayuda social que se llamaría Ingreso Mínimo Vital y que recibirían 2,5 millones de españoles. Pasado este tiempo, resulta que no lo han recibido más allá de 234.000 hogares y casi 50.000 perceptores tendrán que devolver unos 2.500 euros por un error de la Seguridad Social.

Escrivá estaba dando unas cifras que superan los 600.000 hogares perceptores del IMV. Las vendía como un éxito, aunque nada tienen que ver con las previsiones reales. Además, hay que recordar que no hace muchos meses puso en marcha una campaña, autobús incluido, para dar a conocer esta prestación. Esta era la excusa. La gente no sabe que existe o desconoce cómo acceder a ella. Falso. El problema ha sido de gestión y de la excesiva burocracia y complicación que supone acceder a esta ayuda. De hecho, todos los años desde que se puso en marcha el presupuesto asignado no se ha ejecutado. Cientos de millones de euros se han quedado sistemáticamente en el cajón.

La presidenta de la AIReF añadió en su comparecencia ante los periodistas algo que habla muy mal del ministro. Las cifras que ofrece Escrivá no únicamente están fuera de la realidad sino que están manipuladas porque se cuentan las altas, pero no las bajas. Es decir, gente que ya no lo cobra por distintas razones y que para el ministro siguen figurando como perceptores. Una trampa demasiado burda y que ha puesto al descubierto la autoridad fiscal.

Un maquillaje estadístico al que incomprensiblemente se ha apuntado el ministro y que gusta también a otros miembros del Gobierno como la ministra de Trabajo o la responsable de la economía.