Haber logrado que la concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, abone desde este año casi 600.000 euros en concepto de IBI no supone que el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, vaya a dormir el sueño de los justos. La ‘cruzada económica’ prosigue. El siguiente bastión al que se enfrentará es a la revisión catastral del impuesto que grava los bienes inmuebles. “Imos a continuar traballando e primeiro o que imos a facer é solicitar unha revisión do catastro da autopista, xa que a última que se fixo foi no ano 2007”, apunta el regidor que también reclamará que se bonifique a los empadronados en el municipio con rebajas cuando hacen uso de la vía de alta capacidad.

Santiso recuerda que la AP-9 atraviesa a lo largo de veinte kilómetros el municipio y que carece de accesos para poder dirigirse tanto al norte como al sur de la comunidad gallega.

Diputación

Las manifestaciones del regidor abegondés tienen lugar pocos días después de que el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, anunciase oficialmente que a partir de este ejercicio de 2024 aplicará el 100% de la tasa del IBI a Audasa por la explotación de la AP-9, lo que supondrá que la concesionaria pasará a pagar algo más de dos millones de euros. La recaudación se repartirá entre los siete municipios del área metropolitana que le han delegado la facultad de cobrar el impuesto y que hasta la fecha tan solo ingresaban por él un total de 81.200 euros, ya que la empresa se beneficiaba de una bonificación del 95% gracias a una ley del año 1972.

Es Abegondo, precisamente, el más beneficiado económicamente por esta medida. Le sigue Paderne, que cobrará 464.000. Bergondo recibirá 303.500; Miño, 230.000; Cambre, 184.000; Betanzos, 137.000 y Culleredo, 119.000.

“O fin da bonificación no IBI da AP-9 implicará para sete concellos da comarca pasar duns ingresos de 81.200 euros a máis de dous millóns de euros polo paso da autopista no seu territorio”, decía el responsable provincial, al tiempo que recordaba que ya a principios de este año había anunciado que el cobro de la tasa iba a ser total, tras la derogación de la bonificación estatal que catalogaba a la vía como Bien Inmueble de Características Especiales.

Por su parte, el primer ayuntamiento en anunciar que iba a incrementar el impuesto fue el de A Coruña. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, aseguraba que se le iba a aplicar a Audasa la misma política que aplicaba a los conductores.