La Abogacía del Estado mostró su oposición a la petición de los abogados de los Franco de que sea otro juez quien estudie la demanda que presentó para reclamar la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en Meirás.

Según fuentes cercanas al procedimiento, los servicios jurídicos del Estado presentaron ya su escrito ante el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid para oponerse a la declinatoria de jurisdicción que interpusieron los Franco.

La familia sostiene que la demanda de la Abogacía del Estado no es competencia de un juez de lo civil, sino de lo contencioso-administrativo, pero la administración se mostró en contra de esta idea.

La Abogacía del Estado se pronunció después de que el juez Roberto Fernández suspendiera la vista prevista para el pasado día 21 en la que escucharía las alegaciones del Estado y de los Franco.

Fuentes jurídicas explicaron que el titular del juzgado tramitó el escrito de los Franco y dio traslado a la Abogacía para que emitiera su informe al respecto. Ahora está previsto que el magistrado dicte resolución y diga si estima o no la petición de la familia.

Además, la Administración General del Estado presentó ante el juzgado gallego que sigue el caso los escritos de todos los bienes que incluye la demanda interpuesta en Madrid.