El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas que pretende ser la guía de actuación del Ejecutivo hasta 2025 para avanzar en la erradicación de la violencias que se ejercen contra las mujeres. Se trata de la segunda estrategia estatal –la primera entró en vigor en 2013 hasta 2016 con lo que su vigencia expiró hace seis años– y supone un instrumento de planificación y ordenación de todas las actuaciones de las políticas públicas en esta materia, con un enfoque integral.
Así, contempla medidas durante todo el proceso de sensibilización, detección, prevención, atención y reparación de las violencias machistas, con 267 medidas distribuidas en cuatro ejes de actuación. Según el Ministerio de Igualdad, se elaboró de forma coordinada y colaborativa con todos los ministerios, las comunidades, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como con la sociedad civil.
El primero de los ejes incluye las responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos frente a las violencias machistas. En él están comprendidas medidas para garantizar la permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como el diseño de un sistema de rendición de cuentas y evaluación; y mecanismos para la evaluación del grado de satisfacción de las víctimas que acceden a recursos.
El segundo de los ejes es el de la sensibilización, prevención y detección de las violencias para mejorar el conocimiento de todas las manifestaciones de las violencias machistas a través de datos y estudios “desde un enfoque interseccional”, también de campañas de concienciación y desarrollo de medidas y recomendaciones hacia los medios para evitar mensajes “que consoliden el terror sexual”.
Comprende el impulso de medidas para combatir la violencia política y protocolos comunes sanitarios para la detección y atención a víctimas. El tercer eje aborda la protección, seguridad, atención y reparación integral a las víctimas con la implementación y consolidación de los procedimientos básicos para la acreditación administrativa de la violencia machista. La garantía del acceso prioritario de las víctimas de violencias sexuales al parque de vivienda es otra de las medidas.
El cuarto eje sobre la respuesta coordinada para la protección y garantía de los derechos de las víctimas comprende la puesta en funcionamiento de la ventanilla única de la red de servicios sociales, según el catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, y actuaciones para combatir los estereotipos de género en las diferentes instituciones.