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viernes | 20 diciembre | 2024
La presidenta del Observatorio de Violencia doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, aseguró que cambiar las penas en la ley del solo sí es sí no hace peligrar el consentimiento, como se alerta desde el Ministerio de Igualdad y Podemos.
Carmona explicó ayer que el espíritu de esta ley, que es poner el consentimiento en el centro, ya se estaba recogiendo en la jurisdicción en el Tribunal Supremo. Este organismo, según indicó, “ya decía antes de la ley que no había que exigir un acto heroico a la mujer o que hubiera una lesión física para poder acreditar un delito contra la libertad sexual”.
Así, a su juicio, “el consentimiento se puede mantener” como está recogido actualmente en la ley del solo sí es sí y, además, “cambiar la penalidad para que, por la técnica jurídica no se reduzcan las condenas”, señaló.
La presidenta del Observatorio señaló que esta sería la propuesta de este organismo del CGPJ y de los expertos que lo forman que, según indicó, ya pidieron en su día “una revisión de la penalidad” para que, “en lo sucesivo” no se registren rebajas de penas. En este sentido, Carmona recordó que los cambios que pudieran realizarse entrarían en vigor con la propia reforma y que “lo anterior tendría que seguir siendo revisado”.
Carmona también salió en defensa de los jueces ante las declaraciones de diferentes miembros de Igualdad, que aseguraron que el problema de la ley es de interpretación. La experta indicó que los jueces españoles son en su mayoría mujeres y tienen una edad media de 49 años, además de estar “perfectamente formados y con sensibilidad, concienciación y con respecto hacia este tipo de delitos”.
Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la reforma de la ley siguen en marcha con el objetivo de llegar a un acuerdo que contente a ambas partes, que coinciden en la necesidad de mantener la centralidad del consentimiento y elevar penas, pero difieren en la forma de lograrlo. Aunque ayer tanto morados como socialistas aseguraron que “no hay novedades” en las conversaciones, en el PSOE existe la confianza de que las negociaciones fructifiquen y pueda registrarse la iniciativa legal lo antes posible –incluso antes de que termine esta semana– con el apoyo de los dos socios de Gobierno.
Pese a ello, no descartan presentar una proposición de ley en el Congreso unilateralmente si las conversaciones con Podemos no llegan a buen puerto, como advirtió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La propuesta de Justicia no separa los delitos de abuso y agresión, ni elimina el concepto de consentimiento, pero establece escalones en el delito de agresión sexual en función de si el agresor utiliza la violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima.
Esto es, una agresión sexual se castigaría con penas más graves si se emplea violencia o intimidación. Estas dos circunstancias pasarían de ser agravantes a un nuevo tipo penal.
La introducción de la violencia y la intimidación es el mayor escollo entre los socios de Gobierno, ya que para Igualdad significa diluir en la práctica la centralidad del consentimiento y “volver al modelo anterior”, puesto que la víctima debería pasar de por el “calvario probatorio” de demostrar que las relaciones no eran consentidas.
La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, Patricia Laurenzo, cree que “si se crea un tipo agravado de la agresión sexual, se elevarán las penas, pero se dará la sensación de que la anulación de la voluntad de la víctima a través de la violencia y la intimidación constituye un hecho distinto.
Los jueces actuarán igual que cuando había un delito de abuso y otro de agresión”, aseguró. Laurenzo incluiría la violencia y la intimidación en la lista de agravantes, junto a, por ejemplo, la sumisión química o que la agresión se cometa en grupo, ya que ahora solo se recoge la violencia de extrema gravedad.
