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jueves | 15 agosto | 2024
El Congreso aprobó ayer por mayoría absoluta la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que se compromete por primera vez a destinar como mínimo un 1% del PIB a la Universidad hasta el 2030, algo en lo que ya trabaja el Gobierno con las comunidades y los rectores.
Tras la votación de las enmiendas del Senado, el Pleno de la Cámara Baja respaldó el texto de la tercera reforma universitaria en democracia por 182 votos a favor (PSOE, PNV, ERC, CC, Más País, Podemos, Teruel Existe, Compromís y PdeCat) y 157 en contra (PP, Cs, Vox, Navarra Suma, Foro Asturias, BNG y PRC). JuntsxCat y Bildu se abstuvieron.
La entrada en vigor será a los 20 días de su publicación en el BOE. El ministro de Universidades, Joan Subirats, explicó que con la LOSU se asumió “la demanda de muchas de las universidades que durante años han reclamado contar con una nueva ley, 22 años después de la aprobación de la LOU. Era el momento de abordar este reto y lo hemos hecho desde un talante inequívoco de diálogo y de consenso”.
“Tengo la convicción de que permite a las universidades afrontar con garantías de éxito los retos del cambio de época. Conlleva un compromiso presupuestario firme, un compromiso concretado en un mínimo del 1% del PIB”, añadió. “Ya estamos trabajando tanto con las comunidades como con los rectores para que esto pueda cumplirse”, detalló.
Según Subirats, el Gobierno hizo “un esfuerzo importantísimo” con “el aumento histórico” de las becas, reconociéndolas como un derecho subjetivo, eliminando o paralizando el aumento de los precios públicos y “democratizando una educación superior”.
En el debate, la diputada del PP, María Jesús Moro, subrayó que esta no es la ley que necesitan las universidades, “no resuelve” problemas como el de la precariedad laboral. Tampoco, sostuvo garantiza la financiación, sino que es un “yo invito y tú pagas”; “ataca la neutralidad institucional” y hay rechazo entre los rectores y presidentes autonómicos, también del PSOE.
En su turno de intervención, la diputada de ERC, Marta Rosique, destacó que su formación incorporó a la norma más de 130 enmiendas “que han mejorado el texto”. Entre ellas destacó el derecho al paro académico; que el estudiantado pueda compaginar estudios y trabajo; la equiparación de derechos y obligaciones del personal laboral y funcionarios; que los psicólogos migrantes puedan homologar sus títulos y que los claustros puedan “analizar y debatir” temas de actualidad.
Para el diputado de Cs Juan Ignacio López-Bas, la ley es “insuficiente” ya que no tendió puentes entre los futuros egresados y la empresa para un ágil acceso al mercado laboral, no acaba con la endogamia ni garantiza la neutralidad ideológica de la institución.
Por contra, Josune Gorospe (PNV) valoró que “permite el desarrollo normativo de los diferentes sistemas universitarios e incorpora avances significativos” en aspectos como el laboral, el tope de los precios públicos y la separación nítida de las competencias.
Por su lado, Gerardo Pisarello (En Comú Podem) destacó la mejora “sustancial” de los derechos laborales de los profesores asociados; que se pusiese coto a las “universidades negocio”, limitando los precios públicos y que se permita incorporar talentos de personas migrantes.
El ministro Subirats, recalcó que es “muy distinto debatir y analizar temas de trascendencia política a que el claustro se posicione políticamente”. Subirats declaró que “si algo garantiza que la Universidad sea plural e incorpore el progresismo ideológico, es esa libertad de pensamiento: es muy distinto analizar temas de trascendencia política que el claustro se posicione políticamente”.
El PP, Vox y Cs acusaron al Ministerio de ceder ante ERC al incorporar una enmienda que permite a los claustros “analizar temáticas de especial trascendencia”, lo que interpretan como una pérdida de la neutralidad universitaria.
