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lunes | 25 noviembre | 2024
La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una red que traía personas con discapacidad desde Rumanía para obligarlas a ejercer la mendicidad en distintos puntos de la capital, según han detallado este jueves los responsables de la investigación.
Así lo ha explicado a Europa Press el inspector jefe del Grupo IX de Extranjería y Fronteras de la Brigada Provincial de Madrid, quien ha detallado que los cabecillas eran un matrimonio que captaba a compatriotas en su país de origen con graves discapacidades físicas o psíquicas y se aprovechaba de su vulnerabilidad para obligarlos a pedir limosna en la calle durante diez y hasta doce horas seguidas, distribuidos en lugares estratégicos de la capital de España.
La investigación comenzó a finales del mes de febrero, después de que los agentes recibieran varias denuncias de personas que se dedicaban a la mendicidad. Todas ellas manifestaban haber sido víctimas de amenazas y coacciones por parte de este matrimonio.
Avanzada la investigación, los agentes lograron determinar que este matrimonio era el encargado de captar en su país de origen a personas con graves discapacidades, tanto físicas como psíquicas, para que ejerciesen la mendicidad en España.
Con este propósito, se ofrecían a pagarles el billete de avión desde su país de origen a Madrid y a tramitar su compra --pues muchas de estas personas no se valían por sí mismas para adquirirlo--, con el único requisito de devolverles el dinero con lo que recaudasen en la calle pidiendo limosna.
Sin embargo, una vez en España, los alojaban en pisos ocupados o en descampados y las condiciones cambiaban. Así, eran forzados a estar en la calle más de diez horas diarias, incluso hasta doce, estableciéndoles unos horarios abusivos, así como los puntos exactos donde ejercer la mendicidad, obligándolos a entregarles la recaudación.
En concreto, el responsable de la investigación ha aclarado que la red facilitaba los billetes a sus víctimas para venir a España a cambio de que les devolvieran los alrededor de 100 euros que costaría, si bien posteriormente debían entregar una media diaria de 80 euros de la recaudación de su actividad en la calle.
Las víctimas aseguraban que recibían constantemente amenazas por parte de los investigados, para asegurarse de recibir su pago diario, e incluso en alguna ocasión, las amenazas se tornaron en agresiones físicas, según apuntan los investigadores.
Ademas, se pudo constatar que el hijo menor del matrimonio formaba parte del entramado, realizando labores de vigilancia y control sobre los denunciantes.
El inspector jefe del Grupo IX ha subrayado la complejidad de la operación, dada la importancia del testimonio de las víctimas, las cuales se encontraban fuera de su país y desconocían el funcionamiento de la Policía española, por lo que era preciso generar "una confianza mayor" de lo que sería menester con cualquier otro ciudadano de aquí.
Tras recibir varias denuncias en diferentes distritos de Madrid, los investigadores observaron cómo todos los casos seguían un mismo patrón y apuntaban a este matrimonio, también extranjero, el cual se estaría lucrando con la discapacidad de las víctimas, algunas de las cuales ya ejercían la mendicidad en Rumanía y acudían a España con la esperanza de poder obtener un mayor rédito por su actividad.
Sin embargo, una vez aquí comprobaron cómo la red incumplía sus promesas y se lucraba con la recaudación e incluso amenazaban con causar daño a sus familias en su país de origen, evitando así que se rebelaran contra esta situación.
En cualquier caso, fueron los propios extorsionados los que denunciaron su situación, inicialmente por las amenazas y lesiones recibidas, aunque a medida que avanzaron las pesquisas los policías pudieron sacar a la luz el funcionamiento de esta red y desmantelarla.
La investigación culminó el pasado 10 de mayo con la detención de un hombre y una mujer a los que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación para la mendicidad, amenazas graves y obstrucción a la justicia.
Tras su paso a disposición judicial, les fueron impuestas medidas cautelares de protección sobre las víctimas. No obstante, la investigación continúa en marcha por si se pudieran imputar nuevos delitos y no se descartan tampoco nuevas detenciones.
