Los préstamos al instante son una herramienta para los consumidores para poner en marcha proyectos en los cuales no se dispone de los recursos necesarios para iniciar. De la misma forma, los gobiernos también financian con deuda la mayoría de proyectos públicos, España, por ejemplo, necesita recurrir al crédito para poder ser referente en el diseño, distribución y fabricación de microchips. Ello es importante a nivel geoestratégico dentro de un contexto de transformación digital y, por lo tanto, el Consejo de Ministros aprobó el martes, el décimo proyecto estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). 

Así, España espera desarrollar de forma integral las capacidades de diseño y producción de semiconductores y microelectrónica, que cuenta con una inversión de 12000 millones de euros hasta 2027. Se espera multiplicar el diseño trabajando de la mano con empresas privadas a las que el presidente Pedro Sánchez trata de cortejar.

El principal jefe del Ejecutivo viajó a Davos, al Foro Económico Mundial, evento que reúne a élites políticas, económicas y académicas. Allí, Sánchez asegura que España comienza una carrera de fondo para ser un referente en la industria y liderar el objetivo de la Unión Europea y concentrar el 20% de la capacidad mundial en producción de semiconductores. Para lograrlo, también ha establecido comunicación con consejeros delegados de las empresas más importantes del sector: Cisco, Qualcomm, Micron e Intel.

Hasta el momento, el financiamiento del proyecto no solamente depende del crédito, sino también de las transferencias a fondo perdido que España ya recibe de la Unión Europea. El Gobierno español no ha solicitado ayuda que no pueda devolver, en total, el país debe tener unos 140000 millones de euros provenientes de los fondos europeos, de los cuales, 70000 millones no deben ser reembolsados, mientras que el restante son créditos que el Ejecutivo puede solicitar, aunque tienen que ser devueltos en los próximos años.

Con todo esto, Calviño remarca una y otra vez la importancia de esta inversión, es necesario trabajar en la producción de semiconductores y lograr que Europa deje de depender de terceros países como Corea del Sur, China, Taiwán y Estados Unidos. En este orden de ideas, hay que hacer referencia al embudo de botella generado por la aparición del COVID-19 que generó un aumento en la demanda que llevó a varios sectores a disminuir el ritmo de producción, como pasó con el sector automovilístico.

Un PERTE segmentado en cuatro partes

Desde el Ejecutivo comentan que el Perte chip será desarrollado en torno a cuatro puntos estratégicos que cubren toda la cadena de valor, una visión completa que tendrá un efecto multiplicador para la economía española. El primero de ellos es la inversión en la capacidad científica, que cuenta con actuaciones para fortalecer la investigación, desarrollo e innovación de microprocesadores de vanguardia y arquitecturas nuevas para crear chips cuánticos.

Igualmente, quiere potenciar la estrategia de diseño, por medio de acciones que buscan aumentar la capacidad española para diseñar microprocesadores a través de las empresas fabless, con diseños fabricados por otros, sin necesidad de contar con una fábrica propia. También, de esos 12000 millones a invertir, 9350 millones serán destinados para la creación de plantas de fabricación de semiconductores a medida, por debajo de cinco nanómetros, y de media gama para tamaños superiores. La cuarta parte es la dinamización de las empresas de fabricación, bajo la cual se creará un fondo de capital que pueda financiar startups en el sector.

Entonces, se trata de un proyecto madre de todos los Pertes, dirigido a la recuperación y transformación económica de la microelectrónica y los semiconductores con más importancia del momento. Este Perte tiene una dotación superior al de otras producciones emblemáticas ya aprobadas, como el de energías renovables o hidrógeno verde y el vehículo eléctrico.  

Contar con la capacidad para poder producir a gran escala semiconductores no es algo rápido ni sencillo. Es un proyecto que implica al menos tres años en permisos y construcciones, y otros dos más para ponerlo en marcha, por lo que se estima que la empresa esté en funcionamiento a finales del 2027. Hay que hacer un estudio de viabilidad, identificar socios comerciales, potenciales inversores y hacer un análisis de riesgo que encaje con la ley de Chips de la UE.