Igor Basurko, exconcursante del programa televisivo 'Gran Hermano', volverá a sentarse este mes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Gipuzkoa por vender presuntamente en un establecimiento de segunda mano un vehículo para minusválidos del que supuestamente se había apoderado junto a un segundo implicado.

Se da la circunstancia de que Basurko, condenado en firme en otras cuatro ocasiones por otras tantas estafas por dos juzgados de Madrid y otros tantos de San Sebastián, fue absuelto el pasado mes de marzo por la Audiencia de Gipuzkoa de otro caso de estafa, en el que la Fiscalía había llegado a pedir cinco años de cárcel para él por la supuesta sustracción de la tarjeta de una mujer que habría sido utilizada para hacer apuestas.

Ahora se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1.620 euros, acusado de un delito de estafa agravada en concurso medial con otro de hurto por parte del Ministerio Público, que solicita dos años y medio para el segundo varón procesado en esta misma causa.

Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan al 8 de agosto de 2022, cuando ambos inculpados "puestos de común acuerdo y guiados por la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito" acudieron al domicilio de San Sebastián en el que el segundo varón convivía con su expareja sentimental.

Una vez allí, dado que la mujer se encontraba de vacaciones fuera de la vivienda, presuntamente se apoderaron de una motocicleta adaptada para discapacitados, valorada en 650 euros.

Poco después, los dos procesados se dirigieron a un establecimiento de compraventa de artículos de segunda mano, donde vendieron el vehículo por 281,23 euros, ocultando su procedencia "ilícita".

Días más tarde, el 1 de septiembre, agentes de la Ertzaintza intervinieron la motocicleta en el citado comercio y la restituyeron a su legitimo propietario que, al haberla recuperado, no solicita ninguna compensación por estos hechos.

No obstante, el establecimiento presuntamente estafado sí reclama "el ejercicio de las acciones civiles que legalmente le corresponden" para ser indemnizado por el perjuicio económico sufrido, que cuantifica en 281,23 euros más los correspondientes intereses legales.